Defender o justificar los subsidios gubernamentales es un discurso populista que podría tener justificación política. Hay poca cosa que agrade más a un votante que algo gratis (aunque no haya tal cosa sino que otro paga después o te lo cobran por otra vía).
Es verdad, como dijo el presidente Abinader el lunes, que los diversos programas de subsidios ayudan muchísimo a las familias más vulnerables a defenderse de la pobreza y aguantar los embates de múltiples crisis. Luis se refirió a las ayudas sociales coyunturales y otras permanentes.
El subsidio de duración indefinida y aplicación indiscriminada contradice la definición y función del término, que según el Diccionario es o debe ser una “prestación pública [o sea gubernamental] asistencial de carácter económico y de duración determinada”.
No se trata de nada nuevo: los imperios chino y romano regalaban el trigo y se ufanaban de eso. Las ideas keynesianas ayudaron a Estados Unidos a salir de la gran depresión tras principios del siglo pasado; postulan la teoría macroeconómica de que la intervención estatal (incluyendo más gastos gubernamentales y subsidios), aun en sociedades capitalistas, estimula la demanda o gasto total, genera empleos y disminuye la pobreza. A muchos políticos les encanta el argumento.
Economistas de la escuela austríaca dicen que los subsidios no son una herramienta para el progreso y desarrollo sanos, sino una intervención forzosa del Gobierno que causa disrupciones dañinas a las economías de mercado. Algo hace bien Abinader que la popularidad del PRM más que duplica la de sus opositores. Pero las verdades no son necesariamente plebiscitarias.
Quizás conviene defender a su gabinete social y sus programas Supérate, Aliméntate, Bono Luz, Bono Gas, apoyos presupuestales a los precios internos de combustibles, el trigo, los abonos y otros.
Lo imposible es que la parte instruida de la ciudadanía aplauda unas políticas públicas que lucen beneficiosas momentáneamente, pero no…. Son gastos enormes cuya incosteable permanencia retrasa inversiones de capital y tareas imprescindibles, como sanear las EDE, rescatar la instrucción pública, reformar la seguridad social y estimular una mayor formalidad en la creación de empleos por el sector privado. No es que vayamos mal, sino que podríamos ir muchísimo mejor.
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