Decidirán este lunes coerción contra tres gerentes del Patronato Cibaeño Contra el Cáncer
- El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología por acceso ilícito a sistemas y códigos de acceso
Santo Domingo.- La jueza de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de Santiago, Stefani Santiago, decidirá este lunes si impone o no medida de coerción a los tres gerentes del Consejo de la Asociación Sin Fines de Lucro (ASFL) Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, imputados en el caso Onco14 por la presunta sustracción de millones de pesos de la institución para beneficio personal.
La magistrada se reservó el pasado viernes el fallo sobre la solicitud de medida de coerción y fijó su decisión para este lunes a las 7:30 de la noche, con el propósito de ponderar las imputaciones presentadas por el Ministerio Público, que solicita 18 meses de prisión preventiva y que el proceso sea declarado caso complejo.
Los imputados son: Héctor Antonio Lora Cruceta, presidente y miembro de la junta directiva del Instituto Oncológico Regional del Cibao (IORC); Luisa Yasiris Guzmán, actual esposa de Lora Cruceta y presidenta de la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida; y Dilcia Isabel Vargas Sánchez, exesposa del principal imputado.
Contra los tres, el Ministerio Público solicita prisión preventiva por 18 meses y la declaratoria de complejidad del proceso.
El grupo enfrenta cargos por asociación de malhechores, estafa contra el Estado, soborno, delitos de alta tecnología por acceso ilícito a sistemas y códigos de acceso, así como lavado de activos, en perjuicio del Estado dominicano.
El órgano acusador cuenta con 155 elementos de prueba que sustentan la solicitud de medida de coerción. Entre las evidencias figuran 32 testimoniales, tres periciales, 42 documentales, 14 materiales y 37 procesales.
Ministerio Público detalla principales irregularidades atribuidas a imputados caso Onco14
Entre las presuntas acciones ilícitas atribuidas a los imputados del caso Onco14 se establece que utilizaron los recursos provenientes del Seguro Nacional de Salud (SeNaSa) para obtener fondos destinados originalmente a pacientes de escasos recursos afectados por cáncer, según la solicitud de medida de coerción.
El Ministerio Público sostiene que el principal imputado transfirió el control de la facturación de las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS) a la empresa Vargas Guzmán Accounting Center, propiedad de Dilcia Isabel Vargas Sánchez, con el presunto propósito de desviar fondos del Patronato.
Asimismo, señala que crearon un departamento destinado a modificar indicaciones médicas y generar facturas fraudulentas en perjuicio de SeNaSa y sus afiliados.
La instancia también indica que utilizaron sellos médicos y talonarios presellados para emitir órdenes de estudios a nombre de especialistas que nunca evaluaron a los pacientes.
De acuerdo con la investigación, Lora Cruceta prohibió la entrega gratuita de medicamentos donados a pacientes, bajo amenaza de despido al personal que incumpliera la disposición, con el objetivo de comercializar esos fármacos, incluyendo medicamentos de alto costo utilizados en tratamientos de quimioterapia.
El expediente también establece que se realizaba una doble facturación de medicamentos, cobrando dos veces por un mismo producto.
Además, el Ministerio Público afirma que el principal imputado ordenó administrar dosis incompletas de medicamentos oncológicos mientras se facturaban dosis completas a SeNaSa. También se habría facturado el suministro de medicamentos biológicos originales, cuando en realidad se entregaban versiones genéricas de menor costo para obtener beneficios económicos indebidos.
La solicitud de medida de coerción sostiene que los imputados privatizaron habitaciones destinadas a pacientes oncológicos, reduciendo la capacidad de atención del centro y destinando espacios concebidos para pacientes con cáncer al uso de personas sometidas a cirugías estéticas.
Asimismo, habrían comercializado medicamentos con sustancias controladas al margen de las disposiciones legales vigentes.
Fundación Tócate RD habría sido utilizada para desviar fondos, según el expediente
La investigación del Ministerio Público también revela que los imputados utilizaron la Fundación Tócate RD-Casa de Acogida como mecanismo para desviar fondos del Patronato mediante la importación masiva de equipos, papelería e insumos, utilizando exoneraciones fiscales destinadas exclusivamente al Patronato con fines comerciales particulares.
La instancia señala además que los imputados cobraban presuntas comisiones ilícitas a proveedores de la institución.
El expediente agrega que eliminaron registros digitales y provocaron el colapso del sistema informático para dificultar la trazabilidad de las operaciones. También se les atribuye un intento de sustraer documentación de la oficina de la presidencia del Patronato.
Según el Ministerio Público, el principal imputado se autoasignó gastos de representación sin justificación institucional y realizó reembolsos presuntamente fraudulentos por viajes, hoteles, restaurantes y otras actividades sin documentación de respaldo.
Investigación señala perjuicio al Patronato, SeNaSa y pacientes oncológicos
La investigación concluye que las presuntas irregularidades cometidas por los imputados del caso Onco14 perjudicaron directamente al Patronato Cibaeño Contra el Cáncer, a SeNaSa y a pacientes oncológicos de las 14 provincias del Cibao.
Asimismo, el Ministerio Público sostiene que los imputados incorporaron al sistema financiero recursos presuntamente sustraídos mediante operaciones que podrían constituir lavado de activos.
El órgano acusador afirma que las acciones atribuidas a los imputados provocaron graves daños económicos a la institución, afectaron recursos destinados a pacientes con cáncer y comprometieron fondos públicos administrados a través de SeNaSa.
Durante la investigación, el Ministerio Público, en coordinación con agentes de la Policía Nacional y la Unidad de Investigación Criminal (UIC), ocupó dinero en efectivo, un arma de fuego, documentos, vehículos, títulos de propiedad, computadoras, teléfonos celulares, equipos DVR y otras evidencias relacionadas con el caso.
Sobre el autor
Periodista y abogada con amplia experiencia cubriendo la fuente de Justicia.
