El aparatoso allanamiento de la sede de la Cámara de Cuentas puede que sea aplaudido políticamente como otra demostración del interés del Gobierno para combatir la corrupción, pero debieron quizás asesorarse con juristas experimentados como el expresidente de la Suprema Corte, Jorge Subero Isa.
Este opinó juiciosamente que a los integrantes de ese órgano fiscalizador del Estado les corresponde la jurisdicción privilegiada que la Constitución dispone para ciertos funcionarios cuyas imputaciones deben tramitarse en la Suprema Corte o el Senado.
Este hecho, que recuerda los atropellos de Santana contra quienes intentaban encarrilarlo hacia el cumplimiento de las leyes, carece de precedentes en la historia reciente del país.
Dos docenas de fiscales y casi doscientos policías requisan los despachos y archivos de la Cámara de Cuentas por orden de la Procuraduría General de la República, por alegada obstrucción de las investigaciones judiciales sobre la administración de Danilo Medina.
Ningún ciudadano sensato puede oponerse al combate de la corrupción, pero viciar el proceso con actuaciones equivocadas arriesga la validez de las pruebas procuradas.
