El expresidente Mejía se sumó al coro que pide respeto al “debido proceso” al juzgarse el caso Odebrecht.
Es horroroso que los principales políticos luzcan más interesados en defender a los encartados, invocando el principio jurídico procesal que está consagrado expresamente en los diez ordinales del artículo 69 de nuestra Constitución, que el vulnerado interés del pueblo y del gobierno ante los enormes ilícitos juzgados.
Estos trascienden el soborno y la sobrevaluación de obras. El resultado justo y equitativo procurado al garantizarse como derechos constitucionales una efectiva tutela judicial y el debido proceso, importa no sólo a los inculpados sino también a sus víctimas, en este caso toda la sociedad dominicana.
Desde que Jeremy Bentham dedicó su poderoso intelecto y sensibilidad moral a enjuiciar las deficiencias judiciales de Inglaterra en el siglo XIX, sus conclusiones sobre la importancia del “debido proceso” han influido profundamente la teoría jurídica aun en países de tradición distinta al “common law” anglosajón.
Condenan las pruebas, no los jueces. ¡Pero con evidencias, el debido proceso produce condenas!
