En Brasil, hay acusaciones de todo tipo contra políticos: desde recibir suculentos sobornos u ocultar cuentas bancarias en el exterior, hasta planear la fuga del país de un preso en un avión particular.
Luego está el proceso para destituir en un juicio político a la presidenta brasileña, Dilma Rousseff, que este lunes fue respaldado por una comisión de Diputados.
El informe de la comisión, que en los próximos días tendrá que aprobar o rechazar el plenario de Diputados, afirma que hay indicios de que la presidenta cometió crímenes «de responsabilidad».
Pero la principal acusación que podría costarle el cargo a Rousseff no es exactamente por el dantesco escándalo de sobornos en Petrobras, que salpica a su gobierno y a la clase política brasileña en general.
Tampoco se basa en los señalamientos de que la campaña de reelección presidencial en 2014 recibió dinero desviado de la petrolera estatal y de grandes obras públicas, como se ha reportado que admitieron exejecutivos de la constructora Andrade Gutierrez ante los fiscales.
¿Quizá la denuncia se apoye en el testimonio de Delcídio do Amaral, quien tras ir preso siendo el principal senador del oficialismo acusó a Rousseff de intentar liberar empresarios involucrados en el caso Petrobras, nombrando a un alto magistrado?
Pues no.
La acusación central contra Rousseff en el Congreso es que violó normas fiscales, maquillando el déficit presupuestal.
Y ha causado una gran fisura en Brasil, separando a quienes creen que sería justo destituir a la presidenta por algo así de quienes sostienen que sería una injusticia o hasta un golpe de Estado.
La tensión que genera este tema fue evidente en el voto de la comisión este lunes, con fuertes acusaciones entre los diputados, gritos y desorden a la hora de la votación.
«Lo que está en juego no es sólo una cuestión legal, sino de estrategia política de los actores involucrados», dijo Carlos Pereira, politólogo de la Fundación Getulio Vargas, una universidad brasileña de élite, en declaraciones a BBC Mundo.
La denuncia
El pedido de impeachment a la presidenta llegó al Congreso en octubre, con la firma de tres juristas. Uno de ellos, Hélio Bicudo, tiene 93 años y fue fundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Rousseff.
Días después de formular la denuncia, Bicudo dijo a BBC Mundo que la presidenta había cometido una serie de actos «en el sentido de violar la legislación respecto a la salud fiscal del país, dando la impresión de que todo estaba bien».
La denuncia alude en particular a lo que en Brasil se denominan «pedaladasfiscales», que implican el uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas de responsabilidad del gobierno.
El argumento es que esa práctica está prohibida por una ley de Responsabilidad Fiscal, pero el gobierno lo hizo de todos modos para exhibir mayor equilibrio entre ingresos y gastos.
Por eso mismo, el Tribunal de Cuentas brasileño rechazó las cuentas de la administración de Rousseff en 2014, año en que fue reelecta por escaso margen.
Aunque esas maniobras contables fueron usadas por gobiernos anteriores, hay datos oficiales que indican que se volvieron mucho más frecuentes durante la gestión de Rousseff.
Los denunciantes sostienen además que las irregularidades continuaron en 2015, algo clave ya que varios juristas creen que la presidenta sólo puede ser juzgada por delitos cometidos en su actual mandato.
La defensa
Rousseff, que nunca ha sido acusada de enriquecimiento ilícito, niega haber cometido el crimen de responsabilidad que le atribuye la oposición o delito alguno que vuelva legal el juicio político.
«¿Impeachment sin crimen de responsabilidad qué es? Es golpe», sostuvo días atrás la exguerrillera izquierdista de 68 años que en 2011 asumió como la primera presidenta mujer de Brasil.
Su defensa en el Congreso negó además que alguno de los actos denunciados haya sido firmado por Rousseff y afirmó que desde que fue reelecta sus opositores buscan una forma de terminar su mandato.
También alegó que, al aceptar la denuncia contra la mandataria, el presidente de Diputados, Eduardo Cunha, actuó por «venganza». Cunha enfrenta varias denuncias de corrupción, incluido el cobro de sobornos y ocultamiento de cuentas en el exterior.
La presidenta recibió este mes el apoyo del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el excanciller uruguayo Luis Almagro.
«Si hubiera una acusación (contra Rousseff) bien fundada, como la ha habido en otros casos en Brasil, entonces perfecto, se va por ese camino. Pero hoy eso no existe, y es muy deshonesto plantearlo en estos términos», sostuvo Almagro.
El informe
En cambio, la comisión de Diputados que analizó el pedido de impeachment se pronunció este lunes a favor de abrir el proceso contra Rousseff, afirmando que los hechos denunciados contribuyeron a «una crisis fiscal sin precedentes» en el país.
Redactado por el diputado Jovair Arantes y aprobado en la comisión con 38 votos a favor y 27 en contra, el informe sostiene que la denuncia apunta a una «usurpación» de la prerrogativa del Congreso de autorizar gastos públicos.
«Tales actos revelan serios indicios de gravísimos y sistemáticos atentados a la Constitución», sostuvo.
Aunque la denuncia original contra Rousseff asocia los problemas fiscales del gobierno con el escándalo en Petrobras, Arantes evitó considerar ese argumento.
Y la justicia rechazó un pedido para anexar a la denuncia la acusación que le hizo a la mandataria el senador Amaral, tras ser detenido por planear la fuga en avión de un exdirector de Petrobras preso.
Ahora corresponde al Congreso definir la suerte de Rousseff, en un proceso que mezcla ingredientes jurídicos con políticos en medio de una feroz recesión.
Si al menos dos tercios de los diputados apoyan el juicio político, el Senado deberá decidir por mayoría simple si lo abre y obliga a Rousseff a apartarse del cargo por hasta 180 días mientras la juzga.
«Juego abierto»
El politólogo Pereira sostuvo que si esta denuncia naufragase, el presidente de Diputados podría activar otra de las nueve que ha recibido contra la mandataria, como el propio Cunha ha insinuado que haría.
Pero intentar juzgar en el Congreso a Rousseff por presunto financiamiento ilícito de su campaña implicaría riesgos para el partido de Cunha, el PMDB, que rompió con el gobierno días atrás.
El vicepresidente Michel Temer, primero en la línea de sucesión de Rousseff, pertenece a ese partido y podría caer junto con ella, ya que la campaña involucró a ambos. El máximo tribunal electoral ya analiza denuncias opositoras sobre esto.
Algunos creen que por eso Cunha optó primero por la denuncia que Diputados votará probablemente el próximo domingo 17 o lunes 18.
Un ministro del Supremo determinó la semana pasada que Diputados debe instalar otra comisión para analizar un eventual impeachment contra Temer, porque también habría autorizado «pedaladas fiscales».
La cuestión irá al plenario del Supremo.
Una encuesta de la firma Datafolha mostró el domingo que aproximadamente tres de cada cinco brasileños apoyan la apertura de juicios políticos a Rousseff y Temer, o la renuncia de ambos.
Pero el respaldo al impeachment de la presidenta cayó de 68% el mes pasado a 61% actual, según el mismo sondeo.
Con decenas de diputados indefinidos, y reportes de que ambos lados intentan conquistar apoyos con promesas de cargos o proyectos, el resultado de la denuncia contra Rousseff en el Congreso es incierto.
«Hasta el día de la votación (en el plenario de Diputados) nadie va a tener una idea clara de quién será el vencedor», dijo Pereira. «El juego está abierto».
