Rafael Molina Morillo, director de El Día
A la Cámara de Cuentas la tienen de mojiganga. Es obvio que aquí no hay autoridad, que las leyes no se cumplen y que nadie hace nada para corregir esa irritante impunidad.
Mucha gente le echa la culpa a la prensa. “La prensa no hace nada” –dicen, como si los periódicos tuvieran a su servicio un ejército o un cuerpo policial armado para imponer lo que manda la ley.
Es bueno recordar que lo más que pueden hacer los periódicos es denunciar las irregularidades para que el Estado actúe. Y eso es precisamente lo que estoy haciendo con esta columna.
Como todo el mundo sabe, hay una categoría de funcionarios, entre ellos los legisladores, que al igual que otras instituciones públicas que manejan fondos del Estado, están obligados por la ley a rendir declaraciones juradas de sus bienes y de cómo han usado los dineros bajo su responsabilidad.
Pues bien, se da el caso de que centenares de funcionarios y de empleados municipales han dejado vencer los plazos legales de que disponen para rendir sus informes a la Cámara de Cuentas, con lo cual se han convertido en infractores de la ley. Pero (siempre hay un “pero”) ninguno de estos infractores ha sido sancionado, a pesar de que el castigo correspondiente está claramente establecido en la Ley de Función Pública, y llega en algunos casos hasta a la destitución del cargo.
No cabe duda: somos violadores de la Ley, graduados con calificación “suma cum laude”. ¡Qué vergüenza! Mientras tanto ¡qué siga la fiesta, qué viva el desorden!
Leyes, ¿para qué?
