David Álvarez Martín
“Aceptaremos fácilmente que es cuestión de gran importancia saber si la moral no es una farsa” Emmanuel Levinas
El caso de Polyplas ha inundado la opinión pública dominicana -con justa razón- y seguro seguiremos como sociedad debatiéndolo por mucho tiempo. La información sobre las causas en las primeras horas era tan opaca como la humareda producida por la explosión. Los medios de comunicación están tan vinculados al gran capital que no es lo mismo preguntar por los motivos de que dos vecinos de un barrio al lado del Ozama se enfrentaron a golpes, que preguntar por las causas del accidente de Polyplas: apellidos y fortunas automoderaban la expresión.
El tiempo, como siempre, ayudó a develar hechos y apuntar responsabilidades. Video-llamada de quien sería en pocos minutos víctima mortal, periodistas verdaderos (que son pocos) haciendo preguntas incómodas, copias de contratos, conversaciones telefónicas entre distribuidor de gas y dueño de la planta, un obispo valiente que puso el dedo en la llaga, y con la esperanza, todos, de que la cuestión ganará transparencia con cierta celeridad, porque lo esencial del tema son las vidas segadas a trabajadores pobres, las decenas de heridos y las familias afectadas.
Las primeras reacciones eran filantrópicas, hasta el Gobierno de manera populista se sumó a esa corriente. Esa perversa tendencia buscaba ocultar responsabilidades y evadir, si era posible, que la cuestión fuera a los tribunales. El nombre de la compañía distribuidora del gas sigue siendo palabra prohibida en muchos medios de comunicación y por lo visto sus buenas amistades con el partido gobernante sirve de colchón…hasta el momento.
Los discursos empresariales criollos sobre justicia social, responsabilidad con el medio ambiente, transparencia y respeto a las leyes, son puestos a prueba con este caso de Polyplas. O se convierten en hechos o se quedan mudos a partir de ahora. No son palabras, son personas, las que murieron por estar en su lugar de trabajo, las que están heridas, las familias de las víctimas y las familias que vivían al lado de la fábrica. Personas, no discursos. Esa es la diferencia. Y personas pobres, sin capitales, ni líneas de crédito, personas que sólo tienen para sostenerse su fuerza de trabajo, su salario, sus magros ingresos.
Y a la hora de la verdad, sector público y responsables del sector privado, únicamente les ofrecen “caridad” a cuenta gotas. Lo que merecen las víctimas es justicia, y eso se ejecuta en los tribunales, aplicando las leyes, sin ocultar información, develando nombres y responsables, exigiendo al ministerio público una investigación objetiva y oportuna, fundamentando demandas millonarias a quienes se determine son los responsables para subsanar víctimas, familias de las víctimas y vecinos de la planta. No son dádivas, es justicia.
Los silencios, las evasiones a la cuestión, las distracciones temáticas, incluso la negación del problema, permite elaborar un catálogo de la catadura moral de muchos comunicadores, empresarios, líderes políticos, funcionarios gubernamentales y voceros sociales, que no tienen pudor para pedir rigor en la aplicación de las leyes cuando se trata de los pobres, pero se inhiben absolutamente cuando la responsabilidad apunta a sus socios, compañeros de banquetes o familiares de capital. Este hecho, bien estudiado, permite elaborar una norma del valor de opinión de muchas vocerías de aquí a futuro. Cuando las palabras no llegan a las personas, especialmente a las más pobres e indefensas, son simples ruidos. Si la moral es una farsa en estos temas, la vida de los pobres poco vale frente a las ganancias de los grandes capitales.
