Rafael Molina Morillo, director de El Día
Lo que comento a continuación está tomado de la vida real, con gente de carne y hueso. Lo malo es que no sabemos cuántas veces esto ocurre en nuestro país y no hacemos nada para evitar que siga ocurriendo.
Se trata de un ciudadano que ha trabajado para el Gobierno durante más de 20 años con profesionalidad y honradez. Hace un tiempo fue cancelado junto a varios compañeros por decisión de la Dirección General de la institución pública donde laboraban.
Nuestro hombre se dirigió al departamento de Recursos Humanos de su ex -centro de trabajo (el Instituto Dominicano de Aviación Civil IDAC) para firmar la cancelación y allí le dieron instrucciones para que acudiera al Ministerio de Administración Pública (MAP) a fin que le entregaran un documento en el cual le informarían el monto de la indemnización que le correspondía por su tiempo trabajado para el Estado, y que luego volviera a Contabilidad para efectuar el cobro.
En el MAP, efectivamente, después de revisar su caso, le entregaron el documento donde consta la indemnización que le corresponde y le derivaron a la institución donde había estado trabajando, para finalizar el proceso.
Al día de hoy, después de casi DOS AÑOS, no ha sido realizado el pago correspondiente. No entiendo cómo las personas que dirigen esa institución del Gobierno incumplen sus obligaciones, desoyen el trabajo del MAP y violan, de paso, la Constitución de la República.
¿Tendrá el IDAC, ahora que se conoce el caso, la sensibilidad, la responsabilidad y el espíritu de justicia suficientes para resolverlo? Espero que sí.
