De la Espriella dice que el recorte del tribunal de paz en Colombia es para "priorizar la justicia ordinaria"

Bogotá.- El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, defendió este domingo el recorte presupuestario previsto para la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en 2027 al considerar que los recursos del Estado deben priorizar la justicia ordinaria, que enfrenta congestión de procesos.

"Mi prioridad será fortalecer la justicia que atiende diariamente a todos los colombianos", afirmó el mandatario en X, donde respondió a las advertencias del presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, quien lanzó el viernes un "SOS" a la comunidad internacional por la reducción de 100.000 millones de pesos (unos 31 millones de dólares) propuesta para el tribunal.

De la Espriella señaló que la JEP ha recibido más de tres billones de pesos (unos 938 millones de dólares) desde 2018 y detalló que para 2027 solicitó 947.642 millones de pesos (unos 296 millones de dólares), mientras que el proyecto de presupuesto le asignó 821.803 millones (unos 257 millones de dólares).

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"Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal", sostuvo el mandatario, quien rechazó que cada peso no aprobado se presente como un "castigo" y defendió que el presupuesto debe definirse de acuerdo con los recursos disponibles, las necesidades del Estado y las prioridades de los colombianos.

De la Espriella también cuestionó la gestión de la JEP

El presidente también cuestionó la gestión administrativa de la JEP y reclamó explicaciones sobre cómo planifica y ejecuta sus recursos, así como sobre los resultados judiciales alcanzados.

"Una reasignación fundada en las prioridades públicas no constituye una interferencia: es gobernar", manifestó De la Espriella, quien negó que su Gobierno mantenga una política de venganza contra la jurisdicción.

Durante la campaña presidencial, De la Espriella llegó a plantear la eliminación de la JEP y cuestionó el gasto de la jurisdicción, una medida que no puede ejecutar unilateralmente, pues el tribunal tiene rango constitucional y su existencia está vinculada al marco jurídico del Acuerdo de Paz de 2016 firmado entre el Gobierno y las antiguas FARC.

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Se prevé que la JEP opere hasta 2032; sin embargo, expertos han indicado que podría extenderse hasta 2037, argumentando que un conflicto de más de 70 años no puede ser reconocido en tan poco tiempo.

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