Patricia Arache.
El artículo 147 de la Constitución de República Dominicana da inicio a la sección III de la Carta Magna, que está dedicada a los servicios públicos, seguido del artículo 148 que, no por coincidencia, cita la responsabilidad civil de las entidades públicas, sus funcionarios o sus agentes.
Los servicios públicos, los que el Estado debe prestar y garantizar a la sociedad, están “constitucionalizados” desde siempre, incluso, desde aquellas épocas en las que la democracia no era el sistema de gobierno imperante.
En un país democrático, como República Dominicana, los servicios públicos son esenciales para garantizar el bienestar y el desarrollo de la sociedad y entre sus finalidades está satisfacer necesidades de interés colectivo.
“Las personas jurídicas de derecho público y sus funcionarios o agentes serán responsables, conjunta y solidariamente, de conformidad con la ley, por los daños y prejuicios ocasionados a las personas físicas o jurídicas por una actuación u omisión administrativa antijurídica”, artículo 148, sección IV de la Constitución de la República.
Si partimos de estos conceptos, ya de por sí, estamos hablando de un tema delicado en el que el Estado no debe ni puede, bajo ninguna circunstancia delegar su responsabilidad legal, constitucional y legítima de controlar y administrar esos servicios, aunque se auxilie de otros sectores para ofrecerlos.
El Estado puede prestar estos servicios directamente o a través de concesiones, autorizaciones, asociaciones en participación, transferencias de propiedad accionaria u otras modalidades contractuales amparadas en el ordenamiento jurídico, pero su regulación es exclusiva de la administración pública que debe mantener estrictas medidas de supervisión.
Miles de personas del Gran Santo Domingo, incluyendo el Distrito Nacional, no se reponen aún del mal momento que nos provocó la suspensión dañina, perversa y hasta terrorista del funcionamiento del sistema semafórico en la capital. Nada que envidiar a una escena de terror de cuentos, novelas o películas.
Y sin salir del asombro de aquel sabotaje de muy mal gusto, pocos días después circula la información, de que esos mismos atacantes ofrecen el servicio de seguridad informático de nada más y nada menos que del Ministerio de Defensa de República Dominicana. ¡Guay, mi mai!
¡El ratón cuidando el queso!, metáfora que describe perfectamente la situación en la que alguien está en una posición de tentación o conflicto de intereses, tentado más que por el cumplimiento por el deleite que percibiría al degustar el lácteo y esto hace evocar a cuentas de redes sociales en la que se divulgan cosas insólitas, de esas que supuestamente sólo pueden ocurrir en República Dominicana.
Quizás sea oportuno citar que los servicios públicos están clasificados en esenciales, básicos y en no básicos, y en estas categorías, justamente, entran los dos aspectos a los que se está haciendo referencia: transporte o tránsito y seguridad nacional.
Para ser más precisos es pertinente indicar que entre los servicios públicos esenciales figuran la soberanía, la integridad territorial, la defensa nacional, la autodeterminación y las relaciones internacionales; entre los básicos, están la vida, la salud, la alimentación, el agua potable y la seguridad.
Los servicios públicos no básicos están relacionados con los derechos que promueven el desarrollo en igualdad de condiciones de los ciudadanos, como la energía eléctrica, el transporte, las telecomunicaciones y la tecnología de la información.
Esta clasificación, realizada por el Ministerio de Administración Pública, proporciona con mayor certeza la toma de decisiones, respecto a la gestión eficiente de los recursos del Estado para garantizar el bienestar de la población.
Sí, República Dominicana lo tiene todo, incluyendo la constitucionalización de los servicios públicos y su pertinente clasificación por parte de otras instancias y de estructuras jurídicas.
Lo que casi siempre parece faltar es un mayor compromiso de parte de algunos que, aunque tienen la obligación de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes, prefieren convertirse en un oportunista más del montón. ¡Qué pena!
