Rafael Molina
Estoy total y absolutamente de acuerdo con los lectores del fraterno periódico “El Nacional”, que en un 92% se han declarado opuestos a que el Estado regale cientos de millones de pesos a los partidos políticos para financiar sus actividades proselitistas.
¿Por qué razón hay que disponer del dinero público, extraído de nuestros bolsillos a través de los impuestos, para que los partidos hagan con él lo que les venga en ganas? Da escalofríos el dato de que en los últimos cuatro años la Junta Central Electoral ha entregado 800 millones de pesos a cada uno de los llamados “partidos mayoritarios”, entre los cuales hay uno -dicho sea de paso- que de mayoritario no tiene nada.
Otra barbaridad que llora ante la presencia de Dios es el odioso “barrilito”, mecanismo mediante el cual los legisladores se reparten mensualmente un rico e inagotable botín, dizque para hacer obras de bien social que corresponden a otras instancias del Estado.
¿Cabe abrigar alguna esperanza de que estas aberraciones se corrijan algún día? Lo dudo mucho, porque la iglesia está en manos de Lutero. Modificar o eliminar las leyes en que se sustentan las citadas inmoralidades, es potestad precisamente de los políticos y legisladores que se benefician de ellas.
¡Oh! Y ahora, ¿quién podrá defendernos?
