SANTO DOMINGO.– El caso de presunto desfalco al Seguro Nacional de Salud (Senasa) continúa en el centro del debate público, luego de que el juez de Atención Permanente del Distrito Nacional impusiera 18 meses de prisión preventiva contra Santiago Hazim, exdirector de la entidad, y otros seis implicados en la investigación denominada Operación Cobra.
La decisión judicial ha provocado reacciones en distintos sectores, incluyendo al expresidente de la República, Danilo Medina, quien llamó a evaluar el caso con responsabilidad y a juzgar a los líderes públicos por sus acciones y resultados, y no únicamente por sus discursos.
Medina subrayó que la honestidad y la transparencia no se demuestran con palabras, sino con la conducta a lo largo de la vida pública y privada. “El pueblo dominicano debe aprender a conocer a las personas no por el discurso, sino por lo que hacen. El que es honesto e íntegro no vive pregonando su valor; basta con observar sus pasos para formarse una idea de quién es”, expresó.
Hazim se defendió
De su lado, Santiago Hazim, en declaraciones ofrecidas el 24 de septiembre, aseguró que durante su gestión no tuvo cómplices, en respuesta a señalamientos previos del presidente Luis Abinader, quien afirmó que desde el Gobierno no existieron complicidades en el caso.
“Hoy quiero recordarles que puedo tener buenos amigos, pero jamás cómplices. En mi gobierno no permitiré impunidad de ningún tipo”, expresó el mandatario en un mensaje difundido a través de su canal de WhatsApp.
Hazim sostuvo que incluso fue su propia administración la que presentó una denuncia formal ante el Ministerio Público, aportando documentos que evidenciaban irregularidades en el sistema de autorizaciones médicas.
“Yo tampoco he tenido cómplices. Mi decisión fue denunciar lo que descubrí porque era mi deber moral y legal. Entendí que mi obligación era proteger el sistema y evitar que los fondos públicos se desviaran de su verdadero propósito: la salud de la gente”, señaló Hazim en un comunicado.
El exfuncionario y los demás imputados deberán cumplir la medida de coerción en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo, mientras que a otros encartados se les impuso prisión domiciliaria y medidas alternativas, conforme avanzan las investigaciones sobre el presunto desfalco, que habría superado los 15,900 millones de pesos.
El proceso continúa en desarrollo, con el Ministerio Público profundizando las pesquisas y la sociedad dominicana atenta a un caso que ha reavivado el debate sobre rendición de cuentas, integridad en la función pública y lucha contra la corrupción administrativa.
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Katherine Espino
Katherine Nicole Espino Cuevas. Periodista, locutora profesional y CMM. Máster en Comunicación Política Avanzada por Next Educación (Madrid). Amante de la escritura bien hecha, las historias con sentido humano y las causas sociales. Creo en la comunicación con propósito, en los valores y en...
