El presidente Nicolás Maduro promete varios cambios.
MIAMI (AP) — Un juez de Colombia sentenció a tres venezolanos a seis años de cárcel por ayudar a organizar una incursión fallida para derrocar al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, un operativo que involucró a ex boinas verdes de Estados Unidos.
La sentencia, emitida el martes en la noche, fue la mínima permitida por los crímenes, según un abogado de los acusados que habló con The Associated Press el miércoles.
Los tres hombres se declararon culpables en marzo de colaborar con Jordan Goudreau, un ex boina verde de Estados Unidos y veterano de la guerra de Irak, para organizar un pelotón improvisado integrado por desertores del ejército de Venezuela en un intento por derrocar al presidente socialista.
Entre los planes se incluía irrumpir en instalaciones militares y en el palacio presidencial. La llamada Operación Gedeón — o Bahía de Cochinillos, el nombre con el que finalmente se llegó a conocer al fallido operativo — terminó con la muerte de seis insurgentes y el encarcelamiento en Caracas de dos excompañeros de Goudreau en las Fuerzas Especiales.
Pero el complot realmente nunca tuvo posibilidades de éxito frente a las fuerzas leales a Maduro, fuertemente armadas, y luego de que el grupo fuese infiltrado a fondo meses antes.
Dos de los hombres que fueron sentenciados el martes, el mayor de la Guardia Nacional Juvenal Sequea y Juven Sequea, son los hermanos mayores del comandante confeso de la incursión fallida del 3 de mayo, el capitán Antonio Sequea, quien se encuentra encarcelado en la capital venezolana.
El tercer hombre, Rayder Russo, buscaba desde hace tiempo llevar a cabo una operación armada para derrocar a Maduro. Dentro del acuerdo de culpabilidad negociado en marzo, los hombres aceptaron un solo cargo de brindar apoyo logístico a un grupo ilegal armado.
Debido a que cooperaron se les retiraron los cargos más graves de brindar entrenamiento militar.
Ninguno de los hombres participó en la operación, habiendo abandonado los campamentos clandestinos ubicados en el norte de Colombia donde se reunían los rebeldes, en algunos casos meses antes de que se llevara a cabo.
Sin embargo, el testimonio de otros desertores venezolanos —uno de los cuales fue arrestado mientras portaba un arma y un gran número de celulares— de todas formas señalaba que cada uno de los hombres eran miembros de alto rango en el operativo al lado de Goudreau y el organizador del complot, el general Clíver Alcalá, ya jubilado del ejército de Venezuela.
Una cuarta acusada en la investigación colombiana, Yacsy Álvarez, disputa los cargos de que ayudó a contrabandear armas para el ejército de voluntarios. Ha acusado a las autoridades colombianas de estar en contacto constante con Alcalá.
Álvarez fungió de traductora de Goudreau durante sus visitas a Colombia, y a mediados de 2019 ambos abrieron una filial de Silvercorp, la pequeña compañía de seguridad de Goudreau en Florida.
El domicilio de la empresa está en un lujoso hotel de Barranquilla, según registros públicos colombianos. Álvarez también viajó con Goudreau y otros dos ex boinas verdes — Luke Denman y Airan Berry — a Barranquilla a bordo de un avión Cessna de su jefe, el empresario Franklin Durán, quien tiene un largo historial de acuerdos con el gobierno venezolano.
En ese momento, Álvarez vivía en Barranquilla, ubicada en la costa del Caribe colombiano, y trabajaba de directora de una unidad de la compañía de lubricantes para autos de Durán.
De acuerdo con la sentencia leída en el tribunal, la investigación colombiana se deriva del decomiso el 23 de marzo de 2020 de 26 fusiles de asalto y equipo táctico que, según se reveló posteriormente, envió Álvarez a los rebeldes ubicados en la península de La Guajira, que comparten Colombia y Venezuela.
Alcalá, que coordinaba las labores clandestinas, asumió la responsabilidad por las armas horas después de entregarse a las autoridades el 26 de marzo para enfrentar cargos relacionados con drogas en Estados Unidos.
Alcalá, quien está a la espera de su juicio en Nueva York, dijo que las armas pertenecían al “pueblo de Venezuela”. También arremetió contra el líder opositor Juan Guaidó, a quien acusó de violar el contrato que había firmado con asesores estadounidenses para derrocar a Maduro.
Estados Unidos ha negado tener cualquier participación directa en el operativo. Por su parte, la oposición venezolana se ha distanciado de Goudreau, a pesar de haber firmado previamente un acuerdo con él para realizar un operativo en territorio venezolano. Salvo 50.000 dólares para gastos, Silvercorp no recibió pago alguno.
Y durante el operativo Goudreau reconoció haber proseguido con la invasión sin contar con el respaldo de Guaidó, a pesar de que posteriormente presentó una demanda contra uno de los asesores de Guaidó — el analista político J.J. Rendón, que vive en Miami — por incumplimiento de contrato.
