El artista puertorriqueño Daddy Yankee
El juez superior Anthony Cuevas Ramos, del Tribunal de Primera Instancia de San Juan, citó este viernes a una vista por videoconferencia, a las 4:00 p.m., en el caso presentado por el artista Daddy Yankee contra su esposa Mireddys González y su cuñada Ayeicha González.
En una moción urgente solicitando desacato, la defensa del artista revela que, contrario a lo ordenado por el tribunal, las hermanas González no comparecieron a la primera reunión que se determinó como parte del acuerdo alcanzado en corte el pasado 19 de diciembre.
“Ninguna de ellas se presentó y sus representantes jurídicos tampoco estaban preparados debidamente para atender los asuntos que se instruyó que debían atenderse en la reunión. Se adujo, inicialmente, que Mireddys González se encontraba indispuesta. Luego, se admitió que simplemente no quiso asistir y, en lo que respecta a Ayeisha González, sencillamente, no le dio la voluntad de asistir y no fue”, indica la moción de ocho páginas.
Asimismo, se alega que las demandadas “ni fueron a la reunión ni tampoco dejaron información o documentos con sus representados para que estos los proveyeran. Resultó evidente que, tanto las ausencias como la falta de información y documentación disponible para entrega puntual, respondió a una estrategia deleznable diseñada para impedir la transición ordenada”.
De igual manera, los abogados del artista indican que, luego de varios llamamientos de su parte para que se cumpliera con lo dispuesto por el tribunal, “los representantes de las demandadas optaron por proyectar que hacían gestiones de búsqueda de la información que no tenían disponible para proveer como se les ordenó”.
“Ello luego de afirmar (que) estaban en la casa de Mireddys y no le dio tiempo por los días de Navidad o (que se) estaban todavía mudando de las oficinas de la calle del Parque, o tantas excusas más. La espera se extendió por espacio de tres horas. El hecho cierto y definitivo es que la parte demandada no estaba preparada ni le interesaba cumplir con la sentencia dictada”, agregaron.
La representación del artista, integrada por Carlos Díaz Olivo y Anabelle Torres Colberg, destaca en el documento, analizado por El Nuevo Día, las múltiples gestiones infructuosas que realizaron para tener acceso a los datos sobre las corporaciones El Cartel Records y Los Cangris.
“Como resultado de la desatención a lo acordado y a lo instruido por el Tribunal, las demandadas y sus representantes fallaron intencionalmente en colocar a Ayala Rodríguez en posición de asumir el control cierto y responsable de los asuntos, cuentas, activos y registros de las corporaciones y, por consiguiente, de su carrera artística”, agregó el equipo legal.
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“Contrario a lo instruido por el Tribunal, las demandadas se han negado a dejar el control en las corporaciones y pretenden apertrecharse y perpetuarse en el cuerpo directivo de las entidades desde dónde igualmente pretenden controlarle su carrera (a Daddy Yankee), continuando así con la interferencia y disloque de la carrera del demandante y cubrir la mala administración de las entidades, luego de haberle burlado su confianza”, destacaron también los abogados.
La defensa alega que Raymond Ayala Rodríguez, nombre de pila del artista, “continúa a ciegas sobre las corporaciones, la extensión de las obligaciones y limitaciones sobre sus composiciones, libros de contabilidad e incluso cuentas de banco”.
“Más grave, las demandadas, han pretendido, con la entrega de las únicas cosas inconsecuentes entregadas, unas contraseñas incompletas y los dos libros corporativos, inducir a error el honorable Tribunal y volver a burlar al demandante”, mencionaron.
“Al así obrar, las demandadas han burlado también al Tribunal y nos encontramos, para todo efecto práctico, en la misma posición que cuando se presentó el recurso de injunction ante este Tribunal. Semejante proceder en desacato y burla a la autoridad del Tribunal no puede permitirse y requiere vindicación inmediata”, destacaron.
La defensa del artista dijo que no puede permitirse que las demandadas continúen “con la estrategia de incumplir deliberadamente con sus obligaciones, responsabilidades y ya la sentencia dictada, para obligar al demandante a recurrir al Tribunal, y luego hacerse “las víctimas” de las consecuencias que estas alegadamente sufren por ventilarse públicamente sus incumplimientos”.
Lo que alegan las hermanas González
Por su parte, la representación legal de las hermanas González presentó una moción en la que alega que la reunión se celebró en las oficinas de la licenciada Pilar B. Pérez Rojas para llevar a cabo lo relacionado a la transición del demandante y la presidencia de las corporaciones.
“Durante el transcurso de la reunión se entregó a los abogados de la parte demandante los libros y sellos corporativos al igual que varios otros documentos y accesos. Las partes aquí comparecientes continúan buscando información adicional que fue solicitada por la representación legal del demandante, la cual no estaba inmediatamente disponible para entregarse”, dijeron.
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Asimismo, mencionaron que, al comenzar la reunión, se hizo patente la confusión “entre la percepción del demandante y su representación legal en cuanto a qué se iba a entregar en la mañana de hoy, ya que las partes aquí comparecientes entendían que la minuta especificaba el que se entregarían los libros corporativos y que se estaría trabajando el proceso de transición, en particular la manera de salvaguardar los $75,000,000.00 que el tribunal ordenó mantener intocables y el límite impuesto por el tribunal de que cualquier transacción mayor de $100,000.00 deberá contar con la autorización de ambas partes para poder hacer el desembolso”.
De acuerdo al documento, las partes codemandadas habían entregado información previa a la compañía Driven contratada por la defensa del artista y “se nos indicó que la misma estaba incompleta, pero no se nos entregó un listado de los documentos que entendían faltaban”.
El equipo legal de las hermanas González reveló que, durante la reunión, se informó a los abogados que el artista el 23 de diciembre de 2024 a las 6:12 p.m., mediante correo electrónico directamente a Ayeicha González, solicitó que le adelantara preliminarmente una información “la cual entendemos era vaga y genérica; la misma nunca fue enviada a los abogados suscribientes”.
“Inmediatamente solicitamos copia del correo electrónico a la señora Ayeicha González, para trabajar con la información solicitada y durante la reunión se entregó parte de los accesos e información solicitada, la cual no se aneja por contener información privilegiada, sensitiva y secreto de negocios”, agregaron los abogados.
De igual manera, el equipo compuesto por los abogados Pérez Rojas, Hipólito Torres Rivera y David Carrión Baralt, indicaron que se entregó la resolución corporativa de ambas corporaciones designando a Ayala Rodríguez como presidente de las mismas y las demandadas cesaron “sus posiciones como oficiales de las corporaciones”.
Cuál fue la sentencia que emitió el tribunal
Aunque en la vista judicial del 19 de diciembre las partes anunciaron que habían llegado a un acuerdo, fue ayer jueves cuando el juez emitió la sentencia escrita, de dos páginas, en la cual detalla el acuerdo alcanzado.
La controversia surgió a semanas de que el famoso matrimonio anunciara que estaba en proceso de divorcio y luego de que un abogado del artista revelara unas fallidas transferencias por $100 millones, que se dividían en $80 millones de las cuentas de El Cartel Records, y $20 millones de una de las cuentas de Los Cangris.
Aquí explicamos los puntos incluidos en la sentencia:
- Ramón Ayala Rodríguez asumirá la presidencia de las entidades corporativas: El Cartel Records, Inc. y Los Cangris, Inc.
- Se determinó la fecha del 26 de diciembre de 2024 a las 11:00 a.m., en reunión entre las partes, “para llevar a cabo todo lo relacionado a la transición, en cuanto al acceso y las diferentes medidas, así como para la creación de cualquier documento que sea necesario por el cambio oficial y el control de las entidades”.
- Se acordó que $75 millones que están en las cuentas de ambas entidades, se van a mantener intocables por un periodo de 30 días “en lo que el nuevo control pueda tener acceso a toda la información y una vez tenga todo conocimiento de lo relacionado a las finanzas corporativas, se podrán alcanzar unos entendidos posteriores”.
- El resto del dinero en las cuentas se van a mantener según depositados para que se puedan utilizar de ordinario en las actividades comerciales, con la garantía de que cualquier tipo de transacción que sea mayor de $100,000 deberá contar con la autorización de ambas partes para poder hacerse ese desembolso.
- Ramón Ayala, como presidente de las entidades corporativas, se compromete a rendir un informe mensual a Mireddys González Castellanos, “sobre todo asunto financiero, así como todo acceso a documentación que así lo determine como parte de las actividades comerciales de las corporaciones”.
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