Manuel Jiménez V.
Nuevamente, la inmigración haitiana se coloca en el centro del debate nacional, esta vez por la preocupante situación en las aulas públicas.
La falta de cupo, atribuida a la presencia de estudiantes haitianos, es un tema candente que no podemos ignorar.
Según un reportaje del vespertino El Nacional, en 21 centros educativos públicos del Gran Santo Domingo, específicamente en el Distrito Nacional, Herrera y Los Alcarrizos, el número de alumnos haitianos supera al de los dominicanos. En diez de estos centros, los estudiantes haitianos representan el 50 % del alumnado.
Las estadísticas del propio Ministerio de Educación son claras: en las escuelas analizadas, los estudiantes haitianos suman 2,351, mientras que los dominicanos son 1,252.
Estos datos no pueden ser vistos de manera aislada, ya que se suman a la cifra alarmante de 26,000 mujeres haitianas que dieron a luz en hospitales dominicanos en 2023.
Este panorama nos obliga a reflexionar sobre el impacto que la inmigración haitiana está teniendo en nuestro sistema educativo y de salud, sin contar el problema en el ámbito laboral y de población en zonas turísticas como Punta Cana, donde la presencia de estos extranjeros es desbordante y retadora.
Sorprendentemente, el ministro de Educación, Ángel Hernández, ha tratado de minimizar los efectos de esa presencia haitiana en las escuelas públicas con argumentos de poco peso, resaltando que dentro del grueso del estudiantado registrado en el sector educativo público los haitianos apenas representan el 7 %, algo que no sólo debe enfocarse simplemente con números. Esa presencia, a través de los años, va en aumento en un contexto en que esa migración es cada vez mayor.
Hernández apela a principios internacionales, argumentando que tanto a dominicanos como a haitianos hay que garantizarles el acceso a las aulas por igual. Sin embargo, resulta contradictorio que el Gobierno haya tenido que registrar a unos 6,000 estudiantes en colegios privados a través de un mecanismo especial para garantizarles la educación.
Entonces, surge la pregunta: si realmente hay falta de cupo en las aulas públicas para los estudiantes dominicanos, ¿por qué se permite el ingreso de un número tan alto de estudiantes extranjeros?
Las argumentaciones del señor ministro de Educación entran en contradicción con lo dicho recientemente por el presidente de la República, Luis Abinader, de que la prioridad debe ser los estudiantes dominicanos.
Si sólo en la capital del país hay escuelas con más estudiantes haitianos que dominicanos, es obvio que la prioridad no han sido los dominicanos.
Esta postura del ministro resulta desconcertante ante la magnitud del problema. La realidad es que la educación dominicana está siendo afectada de manera significativa, y este es un tema que no puede ser ignorado.
La presencia de un gran número de estudiantes haitianos en nuestras escuelas plantea varios desafíos. Por un lado, los recursos educativos tienen que destinarse para financiar la presencia de inmigrantes extranjeros, en muchos casos indocumentados, agravando la situación de la enseñanza pública, ya afectada por un serio problema de calidad.
Por otro lado, la presión sobre el sistema de salud también es considerable. Los hospitales dominicanos están siendo utilizados por miles de mujeres haitianas para dar a luz, lo que genera una carga adicional para un sistema que ya enfrenta sus propias limitaciones. Este aumento en la demanda de servicios de salud puede repercutir en la calidad de la atención médica disponible para la población dominicana.
Es imperativo abordar este tema con seriedad y responsabilidad. No se trata de cerrar puertas ni de fomentar la xenofobia, sino de encontrar un equilibrio que permita garantizar el bienestar de todos los ciudadanos, pero esencialmente de los dominicanos.
La República Dominicana ha demostrado ser un país solidario y acogedor, pero es imperativo que nuestras políticas públicas reflejen una gestión adecuada y eficiente de los recursos disponibles. Es necesario un diálogo abierto y honesto sobre la inmigración haitiana, en el cual se tomen en cuenta las necesidades de nuestra población y se busquen soluciones que estén acorde con el interés nacional.
