Uno de los primeros deberes de una sociedad solidaria y que aspira al desarrollo, es cuidar a su población de “tercera edad”, sus adultos mayores o a su población envejecida.

Este es un deber permanente, pero lo es más en momentos de pandemia como los que vivimos. Los datos certifican que los riesgos de fallecimiento al contraer el Covid-19, son mayores en tanto más alta sea la edad de las personas.

(En países de Europa, como España e Italia, la media de edad de los fallecidos oscila entre 78 y 80 años, y 80 y 89 años, respectivamente; en Estados Unidos los más vulnerables son las personas mayores de 65 años, en México y Ecuador los promedios de edad de las víctimas mortales son, respectivamente, mayores de 60 años y mayores de 65 años, y en nuestro país el 64 % de los fallecidos por el virus supera los 60 años).

El aislamiento social, el distanciamiento físico que la pandemia ha impuesto, ha dado lugar a sentimientos de soledad, sobre todo en el caso de muchos de nuestros adultos mayores que no viven con sus hijos. Para ellos la soledad ha sido como un cáncer y para algunos hubiera sido preferible una enfermedad física más que la soledad.

Con nuestra solidaridad, con nuestro calor, con nuestra comunicación, evitemos que surja en nuestro país una segunda pandemia: la pandemia de una depresión generada por una gran incertidumbre y estrés, y por la falta de una estrecha interacción humana.En nues

tro país y en otras partes del mundo, muchos padecen de un menosprecio, oculto o manifiesto, a los “envejecientes”. Piensan que lo viejo es inútil, improductivo, descartable, reemplazable, desaliñado. Ellos son, sin embargo, la experiencia y lo venerable.

Ellos tienen derecho a una actitud más responsable de la sociedad y de los integrantes de la familia de la que han sido simiente.

La vejez no es una enfermedad, es un hecho natural. Es una fase por la que probablemente pasaremos muchos. Nos corresponde luchar porque esta etapa de la vida de nuestros viejos sea adecuada y llevadera.

Nuestros viejos tienen derecho a que se aborde y satisfaga con verdadera justicia, las demandas de su ancianidad, tienen derecho a programas de recreación, de salud mental, a servicios médicos domiciliarios, tienen derecho a tarifas especiales, a la participación ciudadana.

La Constitución vigente en República Dominicana consagra en sus artículos 57 y 60, la protección de las personas de la tercera edad y el derecho a la seguridad social.

Esperamos que el Dr. José García Ramírez, un digno profesional y académico que conocimos en la brega universitaria, desde su posición de director ejecutivo del Consejo Nacional de la Persona Envejeciente (Conape) sea un celoso y efectivo guardián del cumplimiento de estos artículos constitucionales.