Nassef Perdomo Cordero, abogado.
La semana pasada ocurrió un hecho que no debe pasar desapercibido. Como respuesta a las críticas y puntualizaciones a la situación económica hechas por un economista y dirigente político, el Banco Central publicó un comunicado en el que rebate dichos argumentos.
Lo hizo presentando su interpretación de las estadísticas públicas sobre el desempeño de la economía dominicana. Hasta ahí, todo muy bien.
Sin embargo, el Banco Central no se limitó a ello, sino que entró en consideraciones personales sobre el economista crítico, atribuyéndole motivaciones espurias. Con esto, cruzó una línea que no está llamado a cruzar.
La razón es sencilla y meridianamente clara: una cosa es responder con datos técnicos las críticas a la política económica y otra es, como lamentable hizo el nuestro, que un banco central haga consideraciones de tipo político sobre quien disiente de él.
Hay que recordar que, por ser una de las entidades rectoras del régimen monetario y financiero, el Banco Central cuenta con una protección jurídica que se traduce en una autonomía constitucionalmente reconocida. Esto tiene como propósito protegerlo de los avatares de la cotidianidad política.
Sin embargo, esa protección conlleva una responsabilidad propia, que es la de no actuar como portavoz de una posición política.
El Banco Central, con la autoridad que le brinda su condición de tal, participa con un peso casi avasallante en el debate económico, es lo natural.
Pero debe conformarse con eso cuando, como en el caso de marras, existen simples diferencias en la interpretación de la data.
La economía, como todas las ciencias sociales, tiene distintas técnicas válidas para el análisis de las informaciones, y es de notar que el Banco Central no pudo imputar el uso de informaciones falsas.
En pocas palabras, la autonomía que el constituyente reconoce al Banco Central tiene por objetivo fundamental evitar que los vaivenes de la política lo zarandeen. Intervenir en un debate público con argumentos de corte político es incompatible con esto.
La responsabilidad de preservar la institucionalidad es un camino de dos vías y es importante que las protecciones de las normas se vean complementadas con el respeto a los límites que esas protecciones imponen.
