Manuel Jiménez V.
La Asociación de Hoteles, Bares y Restaurantes (Asonahores) ha propuesto incluir la regulación de las rentas rápidas, como Airbnb, en la reforma fiscal, pero no lo hacen tanto por apoyar un aumento en las recaudaciones fiscales, sino porque el crecimiento de este modelo de alquiler turístico ha empezado a competir seriamente con los hoteles.
En los últimos años, las rentas por Airbnb han crecido de manera significativa en la República Dominicana, impulsadas, sobre todo, por el auge del turismo y la creciente popularidad de las plataformas de alojamiento a corto plazo.
Desde que se introdujo en el país, Airbnb ha visto un aumento constante en el número de propiedades listadas, en ciudades como Santo Domingo, Punta Cana y Puerto Plata, especialmente populares tanto entre los anfitriones como entre los turistas.
En Santo Domingo, por ejemplo, la cantidad de propiedades disponibles en Airbnb y otras plataformas ha crecido notablemente. Ahora hay una amplia gama de opciones que van desde apartamentos urbanos hasta casas coloniales históricas.
Muchos turistas prefieren estos modelos de renta rápida por la autenticidad y la experiencia local que ofrece en comparación con los hoteles tradicionales. La posibilidad de alojarse en zonas residenciales y tener acceso a comodidades como cocinas completas y espacios más amplios ha hecho que Airbnb sea una opción muy atractiva, especialmente para familias y grupos grandes.
El crecimiento de este modelo de renta ha proporcionado beneficios económicos significativos para los propietarios locales. Muchos residentes han aprovechado la oportunidad de generar ingresos adicionales alquilando habitaciones o propiedades completas a turistas. Esto ha sido especialmente beneficioso en áreas donde la economía puede ser menos robusta, como zonas montañosas o valles en áreas rurales, proporcionando una fuente de ingresos valiosa.
Debido a este crecimiento rápido, las autoridades dominicanas han estado considerando desde hace tiempo, especialmente motivadas por hoteleros, la implementación de regulaciones específicas para el alquiler a corto plazo.
Según este razonamiento, las regulaciones buscan equilibrar los beneficios económicos del turismo con la necesidad de mantener la accesibilidad de la vivienda para los residentes locales y asegurar el cumplimiento de las normativas fiscales.
Aunque las cifras exactas pueden variar, algunos informes indican que el número de listados de Airbnb en la República Dominicana ha crecido exponencialmente. En 2021, por ejemplo, se reportó un crecimiento significativo en el número de reservas a través de la plataforma, reflejando la creciente preferencia por este tipo de alojamiento entre los turistas que visitan el país, pero también de nacionales.
Punta Cana, conocida por sus playas y resorts, ha registrado un aumento en las propiedades listadas en Airbnb, ofreciendo opciones que van desde lujosas villas frente al mar hasta apartamentos accesibles cerca de las principales atracciones turísticas.
La capital, Santo Domingo, también ha experimentado un incremento en las ofertas de Airbnb, especialmente en el casco histórico y en zonas modernas de la ciudad, proporcionando a los turistas una variedad de experiencias de alojamiento.
Puerto Plata, una ciudad costera, registra igualmente un auge en las propiedades de Airbnb, atrayendo a turistas que buscan una experiencia más local y auténtica en comparación con los resorts tradicionales.
Airbnb y otras plataformas similares han contribuido a democratizar el turismo al ofrecer opciones de alojamiento más asequibles y diversas que los hoteles tradicionales.
Esto ha permitido que más personas puedan viajar, aumentando el flujo turístico en muchas ciudades y regiones del mundo.
El Gobierno dominicano debería estudiar con cautela y responsabilidad las propuestas para regular este sector, que ha tenido un impacto positivo en el turismo y ha generado beneficios para muchas personas que invierten en bienes raíces en las zonas turísticas.
Es importante asegurarse de que estas regulaciones no tengan un impacto negativo en el costo de la renta ni en la demanda, lo cual podría afectar a miles de personas que dependen de esta fuente de ingresos.
