PUERTO PLATA.- Decenas de críticas ha recibido el alcalde municipal de esta jurisdicción, ya que de manera unilateral declaró el cabildo de San Felipe de Puerto Plata en estado de emergencia para así justificar la contratación de camiones recolectores de basura privados, a los cuales les paga un millón de pesos al mes.
El concejal Emíl Durán sostuvo que en franca violación a las leyes 176-07 y 340-06, el alcalde Walter Musa contrató los servicios de una empresa privada para dar soporte al departamento de limpieza, alquilando cinco camiones para recoger basura a un costo de 200 mil pesos cada uno, para un total de un millón de pesos al mes, pero adicional se le proporciona el combustible.
Durán dijo que a raíz de algunos cuestionamientos que le hizo al ejecutivo municipal sobre la transparencia de ese proceso, Musa respondió que tomó la decisión supuestamente porque el Ayuntamiento local se encuentra en estado de emergencia, ya que los equipos de limpieza supuestamente están dañados y se encuentran fuera de servicio.
“Los alcaldes municipales no pueden declarar estado de emergencia de forma unilateral, ya que las emergencias no tienen duración indefinida y son eventos inesperados, donde el artículo 60 de la Ley 176-07 en su numeral 27, establece con claridad cuáles son los casos de emergencias que los alcaldes deben atender, pero en este caso no aplica porque los equipos no se dañaron todos al mismo tiempo ni de forma inesperada”, sostuvo.
De igual manera, aseguró que el alcalde Walter Musa ha violado la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Obras y Servicios del Estado, donde se indica que debe realizarse una licitación pública o en su defecto ante casos de «Emergencia», debe hacerse por comparación de precios que es un proceso más rápido (no más de cinco días), pero ninguna de las dos condiciones se dieron.
El edil Emíl Durán quien además es el presidente del comité municipal del opositor Partido Revolucionario Moderno (PRM) en San Felipe de Puerto Plata, significó que el Concejo de Regidores no ha sido apoderado de este tema, ni mucho menos ha aprobado ni conocido las reglas para dicha contratación ni la empresa contratada ya que desde su punto de vista se trata de una «semi privatización» de la recogida de basura.
“Pero con lo que se paga por rentar equipos privados, se puede reparar los que son del cabildo y a raíz de una propuesta nuestra en el día de ayer el Concejo de Regidores aprobó una ordenanza para que se suspenda dicha contratación carente de transparencia”, subrayó Durán.
Durante la sesión efectuada con la asistencia de 10 de los 13 concejales, con la mayoría de cuatro ediles se suspendió dicha medida del alcalde y además se acordó formar una comisión para investigar y analizar a profundidad dicho proceso ya que de ser necesario rentar equipos se debe hacer tal como lo ordenan las leyes 176-07 del Distrito Nacional y los municipios, además de la norma 340-06 sobre Compras y Contrataciones.
