La delincuencia se explica por múltiples causas, sin embargo, su control es un problema de costo de parte del Estado, ya que para enfrentarla se requiere de políticas de seguridad pública bien definidas. La lucha contra la delincuencia demanda instituciones para enfrentarla, tecnologías y equipamiento modernos, así como una adecuada infraestructura. Por eso cuando hacemos la pregunta, ¿tiene costo la delincuencia?, es necesario ver lo que queda del patrimonio de las instituciones públicas.
Para empezar, las estadísticas de la Policía de los tres decenios no sirven para ofrecer los costos directos de la criminalidad; de hecho, no pueden ser utilizadas por el Gobierno al momento de disponer recursos para tener una ciudad más segura.
Métodos como las encuestas entre la población, sobre actos de los que han sido víctimas de los delitos, y los sondeos que tratan de evaluar la sensación de seguridad en las personas, todo ello indica que la situación no ha dejado de deteriorase, y que debemos pensar en cuánto estamos dispuestos a gastar para prevenir la violencia criminal. Pero primero hay que saber, insistimos, cómo se mide su costo.
En primer lugar, los costos directos de la delincuencia miden el valor de los bienes y servicios empleados para enfrentar los efectos de estos y/o prevenirlos con el uso de escasos recursos públicos y privados disponibles en el sistema de justicia penal, los servicios policiales, encarcelamiento, servicios médicos, vivienda y servicios sociales. Los costos indirectos incluyen la pérdida de oportunidad de inversión, los ingresos no percibidos por las víctimas de la delincuencia y la violencia criminal. Carecemos de un Centro de Investigaciones del Crimen y la Violencia para ofrecer los porcentajes del PIB y otros datos. Es muy lamentable contar con personas no idóneas al frente de ciertas agencias de manejo de la criminalidad.
Los costos no monetarios miden los efectos no económicos que la delincuencia y la violencia causan a las víctimas y se evalúan, decimos, tomando en cuenta el aumento de la morbilidad (enfermedades o resultantes de la violencia, como la discapacidad y las lesiones mentales), el aumento de la mortalidad a causa de homicidios y suicidios, abuso de alcohol y drogas, así como de desórdenes depresivos, entre otros. Los efectos multiplicadores económicos miden las consecuencias generales que tienen la delincuencia y la violencia en la situación macroeconómica del país, el mercado laboral y también las consecuencias de productividad intergeneracional.
Aquí urgen algunos ejemplos; por qué las víctimas de la violencia doméstica presentan tasas más altas de ausentismo, tienen más posibilidades de ser despedidas de sus empleos y la violencia doméstica afecta su poder adquisitivo; o por qué la tanda nocturna es desaprovechada para fines laborales, permitiendo que los delincuentes comunes acechen en la soledad de la noche. En fin, el Gobierno no sabe cómo medir nuestra propia delincuencia.
