SANTO DOMINGO.-Los escándalos mediáticos donde se han enfrentado funcionarios con funcionarios o con instituciones, no han sido tomados en cuenta por el presidente para una destitución, salvo en caso de un franco acto de corrupción u otra violación a la ley.
Los pedidos de destitución proliferan cada vez que un servidor público se ve envuelto en actos bochornosos, corruptos o que laceran los intereses de un colectivo en particular.
El procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez y el ministro de Medio Ambiente Ángel Esteves, son los funcionarios que diversas organizaciones y parte de la sociedad civil entiende cometieron actos contrarios a la posición que ostentan.
En el caso de Rodríguez, las acusaciones que hiciera en contra de la magistrada Miriam Germán Brito en las evaluaciones del Consejo Nacional de la Magistratura, causaron disgusto en la vicepresidenta de la República, Margarita Cedeño, quien aseguró a través de twitter que las acusaciones buscaban reducir sus posibilidades de escalar hacia las más altas posiciones del sistema de justicia dominicano.
Muchos están esperando el decreto que anuncie su cancelación y por lo tanto es conveniente resaltar las razones que han conducido al presidente Danilo Medina en el pasado a la destitución.
Tras su llegada al poder en 2012 y con la advertencia de que sólo el rumor público bastaría para suspender de sus funciones para suspender a un empleado público, Medina canceló al entonces contralor de la República, Haivanjoe Ng Cortiñas tras conocerse de la aprobación de una pensión de más de 600 mil pesos al mes, a su salida de la Superintendencia de Bancos.
El involucramiento de Temístocles Montas en el caso Odebrecht fue suficiente para su separación del Ministerio de Industria Comercio y Mypimes.
Una serie de reportajes de la periodista Alicia Ortega bastó para crear un escándalo en torno a la figura de Diandino Peña en mayo del 2017, mientras dirigía la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET). Peña también fue destituido.
Los casos de el exembajador Donni Santana señalado por supuestamente haber violado a su hijastra, Marlin Martínez por complicidad en el caso de Émely Peguero y Van Troy Suazo destituido horas después de su nombramiento como viceministro de la Juventud por estar detenido por violencia de género, son algunas de las destituciones más sonoras.
Como se puede percibir, estas cancelaciones han estado motivadas por hechos concretos de franca violación a la ley.
Los acalorados enfrentamientos entre Francisco Domínguez Brito cuando se desempeñaba como procurador y el senador por San Juan Félix Bautista y la postura de la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), en contra de Andrés Navarro mientras fungía como ministro de Educación por alegadas decisiones arbitrarias, no bastaron para producir la destitución de los involucrados.
Por lo que se puede inferir que, a menos que ocurra una excepción, los pedidos de destitución de Jean Alain de la procuraduría y de Ángel Esteves de Medioambiente no prosperarán, a menos que se demuestre una responsabilidad penal.