Cecilia Rivera
Al igual que en la mayoría de los países de América Latina y el Caribe en la Republica Dominicana los problemas de la delincuencia y la violencia y, por lo tanto, la inseguridad ciudadana son problemas sociales de gran importancia y gravedad en los últimos años.
Los homicidios y suicidios, los robos, los secuestros, el consumo y tráfico de drogas, el maltrato y abuso de menores, la violencia intrafamiliar y las muertes accidentales, entre otros, aumentan de forma tan alarmante que demandan una urgente atención por parte del gobierno de Luis Abinader.
Ni Leonel Fernández ni Danilo Medina lograron detener la delincuencia y la violencia. Fracasaron por su falta de políticas públicas preventivas y programas dirigidos a controlar el aumento acelerado de la violencia criminal en la isla.
El problema no es nuevo, no es un fenómeno que haya surgido con la llegada de Abinader al poder.
La violencia y sobre todo la delincuencia en Latinoamérica crecieron a la par de la profunda crisis económica de la década de los años ochenta, y ha seguido aumentado año con año.
Dos factores que contribuyen a entender la expansión de la violencia y la delincuencia de los últimos años en República Dominicana, al igual que en otros países como México, es la proliferación de las armas de fuego y el aumento de las actividades relacionadas con el narcotráfico.
Para enfrentar el problema de la violencia, el gobierno tiene que impulsar además del desarrollo de las reformas y modernización del sistema policial y judicial; una fuerte inversión económica que contribuya a evitar pérdidas humanas y materiales.
Luis Abinader debe abordar la delincuencia criminal desde un diagnóstico objetivo y preciso, que le permita poner en marcha una gran estrategia nacional.
No debe de seguir enfrentando la problemática de manera dispersa, tomando en cuenta más los aspectos coyunturales, ya que los resultados a mediano plazo han sido contraproducentes.
No debe de perder de vista que las bandas y carteles tienen la capacidad para competir con los gobiernos por el control de territorio y la población convirtiéndose en amenazas con un grave efecto político y estratégico.
El Caribe se ha convertido en una zona violenta y está erosionando la estabilidad de algunos de los gobiernos de la región.
Los países de la cuenca del Caribe (de México a Venezuela y de Colombia a Jamaica), se enfrentan desde hace años a nuevas formas de criminalidad que se distinguen de fenómenos anteriores de delincuencia organizada.
Desde finales del siglo pasado América Latina y el Caribe fueron invadidos por los carteles de la droga.
La posición clave de la República Dominicana contribuye al tránsito de los envíos de cocaína hacia Estados Unidos y Europa.
La reforma anunciada por Luis Abinader al interior de la Policía Nacional es un primer paso para hacer frente a los problemas de la delincuencia y la violencia, pero la perspectiva de la situación dominicana sigue siendo poco alentadora.
El costo económico, social, político, humano y ético crecerá si no se cambian las políticas públicas que se han llevado a cabo hasta la fecha.
