Matías Bosch
Desde la Fundación Juan Bosch, hemos publicado una nueva “Radiografía” que presenta cómo mientras la economía y la sociedad dominicana -incluyendo su sistema de salud- se encuentran en la peor crisis en décadas, que es también mundial, las AFP y las ARS han aumentado sus ingresos y sus ganancias.
Las AFP, como ya se había publicado, obtuvieron entre enero y septiembre de 2020 ganancias que rozaron los 3,400 millones de pesos, mayores que las percibidas en todo el año 2018. Estos datos confirman las proyecciones que publicamos oportunamente sobre lo que pasaría con la Ley No.13-20, presentada al país como una “rebaja” en las ganancias de las AFP.
Por su parte, las ARS privadas se han ganado 2,858 millones de pesos en el período enero a agosto de 2020, los mayores beneficios de su historia. Es decir, ocho meses en que se han embolsado más que en cualquier otro año.
El negocio de las AFP es redondo, toda vez que con la mencionada reforma de este año les asignaron una comisión en base a los saldos que administran, que siempre crecen, sin dar un golpe, y encima se alimentan del endeudamiento público.
Por el lado de las ARS privadas, han logrado prácticamente el control oligopólico del Régimen Contributivo, donde se mueve el verdadero dinero, y gracias al modelo el derecho a la salud fue convertido en “planes” de mínimos, esmerándose en encontrar las no coberturas, y que siempre hay que completar con planes complementarios, si el bolsillo alcanza. Su ganancia es la falta de protección de la gente. Súmele a eso el gasto del hogar para cubrir el faltante o los “copagos”, y verá una hemorragia mortal con fines de lucro.
Y para este modelo hasta la pandemia ha sido beneficiosa. Las ARS lograron obtener reembolsos a cuenta del Sistema de Seguridad Social, cubriéndoles el costo de las pruebas para detectar el virus de COVID-19 y lo que ellos llaman “excesos” de internamiento, es decir todo aquello que se “gaste de más” en que la gente salve su vida. ¡La sociedad subsidiando a las ARS! Sólo por reembolsos en pruebas, a las ARS se les ha transferido prácticamente 773 millones de pesos mientras que el Laboratorio Nacional ha recibido menos de 4 millones.
Asimismo, prácticamente el 60% de los recursos del aseguramiento se ha ido a prestadores privados de salud, incluyendo los fondos del Régimen Subsidiado que se financian con recursos del Presupuesto general de Estado y lo lógico es que fortalecieran a los servicios públicos.
¡Esto pese a que son estos servicios, sus profesionales y trabajadores los que han cargado con la mayor parte en la pandemia!
La Ley No.87-01 debe ser reformada para poner las cosas en su lugar, recuperando los derechos convertidos hasta ahora en mercancías y mero negocio, y además haciendo que el Estado no entregue más sus responsabilidades, cumpliendo en primer lugar con lo establecido en la Ley No.01-12 de Estrategia Nacional de Desarrollo, que estableció para 2020 un 4% del PIB en el gasto público en salud.
Mientras se pierden empleos, se cierran negocios, la población necesita un sistema de salud que funcione bien, un seguro de desempleo que no sea letra muerta, y poder sostener los hogares con dignidad, es indignante la acumulación récord de riquezas que se basan en negociar con cosas que deberían ser sagradas, más en un país con tantas carencias sociales.
Es hora de mover la salud y las pensiones de la maquinita de los cuartos a donde dice la Constitución.
