SANTO DOMINGO.– Las deficiencias del sistema educativo, el aumento del costo de la vida y la baja calidad de los servicios públicos figuran entre los factores que alimentan las protestas en Francia, movilizaciones que, según el doctor Pascal Peña, especialista en Derecho Internacional, podrían tener repercusiones políticas y beneficiar a los adversarios del presidente Emmanuel Macron.
Peña explicó que las manifestaciones comenzaron con reclamos estudiantiles relacionados con la falta de profesores, el hacinamiento en las aulas y las condiciones de los centros educativos.
“Todo eso derivó en lo que estamos viendo”, expresó al referirse a la expansión de las protestas hacia otras ciudades francesas.
El jurista sostuvo que las demandas iniciales se ampliaron hasta incluir problemas económicos que afectan a distintos sectores de la población.
“Ahora lo que fue un reclamo por temas, insisto, de naturaleza estudiantil, pues ha llevado a un reclamo absoluto con respecto a la grave crisis económica que está habiendo en Francia, el tema de la gasolina, los altos precios de la gasolina, la baja calidad de los servicios, entre otros”, afirmó.

Peña consideró que el descontento ciudadano puede convertirse en una oportunidad para los sectores políticos contrarios al Gobierno francés.
“Claro que va a ser capitalizado por los contrincantes de Macron”, manifestó al ser consultado en Esto No Tiene Nombre sobre las posibles consecuencias políticas de las movilizaciones.
El especialista también señaló que la crisis económica trasciende las fronteras francesas y representa un desafío para distintas regiones del mundo.
“Yo creo que nosotros, como país, América Latina, Europa, Estados Unidos, el mundo, se encuentra en un momento de crisis económica que no podemos negar”, sostuvo.
En cuanto a los actos violentos registrados durante las protestas, Peña distinguió entre el derecho a manifestarse y las acciones que pueden constituir delitos.
“Protestar es correcto, protestar es un derecho fundamental, un derecho humano establecido en múltiples tratados internacionales suscritos por Francia y hasta la República Dominicana”, afirmó, aunque calificó de “una barbaridad” los saqueos y la destrucción de bienes públicos.
El jurista explicó que los Estados pueden recurrir a mecanismos legales excepcionales ante situaciones graves de alteración del orden público, siempre dentro del marco jurídico correspondiente.
El desafío, indicó, consiste en atender las demandas sociales y preservar la seguridad sin vulnerar los derechos fundamentales de los ciudadanos.
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