Una verdadera democracia implica que los actores que conforman los sistemas Político y Electoral jueguen sus roles, asumiendo las responsabilidades establecidas en la Constitución de la República y las demás normativas referentes a la materia.

El ideal consistiría en que cada fecha en que la Carta Magna ordena la convocatoria de las Asambleas Electorales se convierta en una fiesta de la democracia, en un día de júbilo en el cual los ciudadanos y ciudadanas acudan a elegir libremente a sus representantes.

En el caso dominicano todavía no hemos alcanzado ese sitial. Los procesos electorales son espacios temporales de desasosiego social. Y ocurre porque sigue pendiente el desafío de los sistemas Político y Electoral respecto a la baja formación en los actores.

Esto representa una barrera cuya superación ameritaría años y de la puesta en marcha de un plan estratégico con ese propósito. También requerirá de una inversión económica considerable destinada a la formación continua de actores claves de los órganos electorales y de los partidos políticos.

A los partidos políticos, a través del financiamiento estatal, se les especializa una partida del Presupuesto General de la Nación para la formación o educación política. Desafortunadamente, éstos no cumplen adecuadamente con ese mandato legal.

Los órganos de la Administración Electoral son los encargados de operativizar las elecciones para que la ciudadanía pueda ejercer el derecho al voto. Estas responsabilidades ameritan un gran despliegue de recursos humanos, pero, también, de que cuenten con los conocimientos técnicos y jurídicos necesarios para desempeñar sus funciones.

Ninguna universidad dominicana ofrece la carrera de grado en Estudios Políticos y Electorales; aunque comienza a observarse una luz de esperanza con la elevación a categoría superior de la Escuela Nacional de Formación Electoral y de Estado Civil de la Junta Central Electoral.

Mediante la Resolución 15-2023, el Consejo Nacional de Educación Superior, Ciencia y Tecnología aprobó la creación del Instituto Especializado Superior en Formación Política Electoral y del Estado Civil, lo que le certifica para impartir programas y otorgar titulaciones en grado y posgrado.

La entidad tendrá que fundamentarse en los principios y valores democráticos, el respeto a la dignidad humana como fundamento constitucional; promover el conocimiento científico conforme a su naturaleza formativa; formulando propuestas de investigación que permitan comprender las teorías políticas sobre la democracia, el sistema político, el sistema electoral, la cultura política, el registro civil y la identidad.

Aquí se amerita una reflexión. El Instituto Especializado Superior en Formación Política y del Estado Civil tiene que ser adecuadamente gerenciado; no deben primar las relaciones primarias al momento de designar con carácter permanente sus autoridades.

Requiere de contar con un cuerpo docente que represente la “crème de la crème”, es decir, lo mejor de lo existente, así como en lo referente al cuerpo de supervisores.

El ingreso de los becarios hay que hacerlo conforme a méritos académicos; aquel que no cumpla con las exigencias mínimas del programa habrá de ser excluido, independientemente de que provenga de un órgano electoral, un partido político o la sociedad civil. El rigor académico debe ser innegociable.

La educación constituye un elemento clave en el progreso de un país y para el bienestar de su población. Representa la base para el desarrollo del talento humano y la formación de ciudadanos críticos, capaces de contribuir en la toma de decisiones políticas.

El panorama luce promisorio, pero debe existir una visión estratégica en la formación de los actores claves de los Sistemas Político y Electoral, sin componendas para el diseño y la viabilización de los planes educativos.