¿Crecimiento e inclusión: son compatibles ambos objetivos?

Crear riqueza y distribuirla de la manera más eficiente y equitativa posible constituye uno de los mayores desafíos de las sociedades contemporáneas. Ese debe ser el verdadero propósito del crecimiento económico: impulsar una expansión sostenida que responda a las múltiples necesidades sociales y contribuya a mejorar el bienestar de todos los ciudadanos, independientemente de su condición económica.

Desde 2012 hasta 2020 y, posteriormente, durante el período 2020-2026, la promesa de fortalecer el crecimiento económico ha sido uno de los principales compromisos de cada administración gubernamental. No obstante, alcanzar ese objetivo ha resultado mucho más complejo debido a la sucesión de acontecimientos que han afectado la economía mundial: la pandemia, los conflictos bélicos, el incremento de los precios internacionales del petróleo, los desastres naturales, el resurgimiento del proteccionismo comercial, las interrupciones de las cadenas de suministro, las enfermedades que afectan la producción agropecuaria —como la peste porcina africana— y la escasez temporal de productos alimenticios, entre ellos la carne de pollo.

Todos aspiramos a una nueva etapa de crecimiento económico estable y saludable. Sin embargo, los economistas también tenemos la responsabilidad de advertir sobre los riesgos que continúan presentes: las vulnerabilidades financieras, el proteccionismo, las tensiones geopolíticas y la incertidumbre internacional. Quizá el mayor riesgo sea el descuido en la conducción de la política económica y la ausencia de una estrategia coherente que garantice un crecimiento sostenido a largo plazo.

Fortalecer el lado de la oferta constituye uno de los pilares fundamentales para acelerar el crecimiento. A ello debe añadirse la reducción de las barreras comerciales que aún limitan el acceso a numerosos mercados internacionales y el fortalecimiento de la capacidad exportadora mediante bienes y servicios de mayor calidad y valor agregado. Asimismo, un entorno internacional más pacífico favorecería la libre circulación de bienes, servicios y capitales, aumentando la eficiencia económica mediante mayores niveles de apertura, competencia y desregulación.

Las reformas estructurales pendientes —laboral, seguridad social, gestión del agua y modernización institucional, entre otras— pueden convertirse en importantes motores del crecimiento económico. A ello se suma el impacto positivo de la inversión extranjera directa, la relocalización de empresas internacionales y la utilización más eficiente de los recursos productivos. Igualmente, la eliminación gradual de subsidios distorsionantes contribuiría a fortalecer la sostenibilidad fiscal y mejorar la calificación de riesgo del país, facilitando el acceso a los mercados internacionales de capital.

La sostenibilidad del crecimiento resulta tan importante como su intensidad. Mantener tasas elevadas durante largos períodos permitiría reducir las brechas de ingreso per cápita con respecto a otras economías de la región. Reactivar el crecimiento puede ser relativamente sencillo; sostenerlo durante décadas constituye el verdadero desafío.

Desde la crisis financiera internacional de 2008, economistas y responsables de la política económica han concentrado buena parte de sus esfuerzos en fortalecer la estabilidad del sistema financiero y revisar los marcos regulatorios. Sin embargo, la experiencia también ha demostrado que el crecimiento económico suele ser más frágil cuando no es inclusivo y cuando sus beneficios se concentran en una pequeña parte de la población.

Diversos estudios muestran que, frente a choques económicos adversos, las sociedades con elevados niveles de desigualdad tienden a ofrecer menor respaldo político a las reformas necesarias para estabilizar la economía, especialmente cuando sus beneficios solo se perciben en el largo plazo.

Las sociedades que no garantizan igualdad de oportunidades en educación, salud, alimentación, acceso al crédito y participación económica difícilmente podrán construir una economía resiliente y competitiva. La inclusión social no constituye únicamente un imperativo ético; representa también un requisito para elevar la productividad y fortalecer el crecimiento potencial.

La creciente desigualdad observada en numerosos países ha favorecido procesos simultáneos de concentración del ingreso, desaceleración económica y creciente descontento político. Esta realidad obliga a replantear las estrategias tradicionales de desarrollo y a incorporar políticas que fortalezcan tanto la eficiencia económica como la cohesión social.

La política económica debe orientarse simultáneamente hacia dos objetivos: ampliar el tamaño de la economía y mejorar la distribución de los beneficios del crecimiento. En otras palabras, no basta con aumentar el tamaño del pastel; también es necesario asegurar que su distribución contribuya a reducir las brechas sociales y fortalecer la movilidad económica.

Durante décadas predominó la idea de que el crecimiento, por sí solo, terminaría beneficiando a toda la sociedad. En 1942, Joseph Schumpeter, en su obra Capitalismo, socialismo y democracia, restó importancia a los problemas distributivos frente al papel transformador de la innovación. Años después, Robert E. Lucas Jr., Premio Nobel de Economía, llegó a afirmar que una de las tendencias más perjudiciales para el análisis económico consistía en centrar excesivamente la atención en la distribución del ingreso.

Estas posiciones dieron sustento a la denominada teoría del "efecto derrame", según la cual el crecimiento termina elevando el bienestar de todos los sectores de la sociedad. Bajo esa perspectiva, bastaría con expandir la economía para que los beneficios alcanzaran progresivamente a toda la población.

Sin embargo, la evidencia acumulada durante las últimas décadas sugiere una realidad diferente. El incremento persistente de la desigualdad no puede considerarse un fenómeno transitorio ni confiarse exclusivamente al supuesto efecto derrame. Una desigualdad excesiva reduce el potencial de crecimiento, debilita la estabilidad macroeconómica y genera elevados costos sociales y políticos.

Desde una perspectiva macroeconómica, la distribución del ingreso no constituye únicamente un problema de justicia social; también afecta la eficiencia de la economía, el nivel de consumo, la inversión, la productividad y la capacidad de sostener el crecimiento en el largo plazo.

Naturalmente, toda reforma económica genera ganadores y perdedores. Esa realidad suele dificultar la adopción de políticas que amplían la capacidad productiva y elevan el crecimiento potencial. Sin embargo, posponer indefinidamente las reformas necesarias solo incrementa los costos futuros y reduce las oportunidades de desarrollo.

Como sociedad sabemos, en gran medida, cuáles son las transformaciones que debemos emprender. Lo verdaderamente difícil consiste en asumir los costos políticos y económicos que dichas reformas implican y distribuirlos con criterios de equidad, responsabilidad y solidaridad. Todos los sectores deben contribuir al fortalecimiento de la democracia y al desarrollo nacional.

Si las políticas públicas inciden significativamente sobre la distribución del ingreso, ese efecto debe ser incorporado desde la etapa de su diseño. Solo así será posible compatibilizar crecimiento económico, estabilidad macroeconómica e inclusión social, construyendo un modelo de desarrollo más sostenible, competitivo y justo para las generaciones presentes y futuras.

El autor es economista.