José Mármol
Para nadie es un secreto que una vez superada esta pandemia del nuevo coronavirus SARS-CoV-2, en adición a la estela de miles de fallecidos y de millones de infectados en el mundo, tendremos también que padecer las consecuencias sociales directas de la catástrofe económica global que también tendrá el sello de la enfermedad y que se presume peor que los colapsos de 1929-1930 y de 2008.
Se trata de un desafío imprevisto para los Estados, más allá de la corriente política, económica o ideológica que los sustente.
Un primer impacto severo a escala planetaria de la pandemia sobre la economía lo sufrió el precio del petróleo, que ha afectado los mercados y ha mermado, cuando no postergado, su dinamismo, junto a otros factores causales como la caída del consumo y de las bolsas de valores, la merma o inactividad de la producción en muchas empresas, con la consecuente pérdida de empleos y la incertidumbre sembrada en millones de familias en el planeta.
La caída negativa del crecimiento económico en este año 2020 ya ha sido pronosticada por organismos especializados como el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Mundial (BM) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), con excepción de pocos países, entre ellos el nuestro, que tendrían probabilidad de cero crecimiento, en vez de números rojos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), al dimensionar el descenso de la economía en la región, sugiere prever la oportunidad de establecer la magnitud del esfuerzo para un retorno a la normalidad, es decir, a una nueva normalidad, que no significará en modo alguno una vuelta a las condiciones existentes antes de la pandemia.
Este principio deja claramente planteado que la situación exige de cambios estructurales en la organización de la producción y el consumo, con impacto en lo laboral y el bienestar social.
En la economía dominicana, el golpe asestado a dos fuentes de ingresos como son las remesas y el turismo, último que afecta toda una cadena de valor vinculada a la producción agrícola, las finanzas, el transporte, así como pequeños y medianos comercios de bienes culturales y artesanales, además de los empleos directos e indirectos generados, constituye un grave reto para el Estado, el empresariado y la sociedad, que solo puede ser superado si el vínculo entre los sectores público y privado se muestra cada vez más fuerte y compacto, y si ambos son conscientes del sacrificio que la crítica coyuntura impone para la continuidad de la institucionalidad jurídico-política democrática y de la libre actividad empresarial en el país.
La sostenibilidad, que en pocas palabras procura el desarrollo con énfasis en el equilibrio entre los componentes económico, social y medioambiental, cuyos principios básicos han calado hondo en la mentalidad empresarial y en las instituciones públicas del mundo globalizado, aunque con vergonzosas excepciones, ahora es más necesaria que nunca para la construcción de la nueva normalidad pospandémica.
No cabe duda de que la primera responsabilidad de una empresa es generar utilidades, en base a un modelo ético y responsable de negocios.
Pero, la empresa no podría crear beneficios si la sociedad y las instituciones colapsan.
Una lección que puede legar a la humanidad la pandemia de la Covid-19 es comprender que la recuperación y el crecimiento económico deben darse en un entorno sostenible, que armonice los intereses público, privado y no lucrativo en alianzas robustas, y donde la actividad económica no atente contra el medioambiente y el bienestar social.
Antes que postergar la sostenibilidad y su ecosistema de impactos, por causa de la crisis sanitaria, ha llegado la hora de apostar a ella sin remedos.
