Frederich E. Bergés
El Talón de Aquiles de la economía dominicana ha sido y es el sistema eléctrico público. Este está constituido principalmente por las distribuidoras y la empresa de transmisión eléctrica y, en menor grado, por la generación publica, básicamente hídrica.
Entre estos tres renglones, las distribuidoras son las de peores resultados y mayores deficiencias, acumulando anualmente pérdidas en cientos de millones de dólares y causantes de una parte importante del total de la deuda pública.
Conscientes de esta situación, cuando se legisló la creación de una Estrategia Nacional de Desarrollo, se articuló como uno de sus elementos esenciales un pacto eléctrico que fuese conducente a la eliminación de tales pérdidas y contribuir al saneamiento de las finanzas gubernamentales.
Sin embargo, el populismo, dejadez y administración en dispendio no permitía que tal objetivo se alcanzase.
El nuevo gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, ha convocado a un grupo de personas con la encomienda de que trabajen para lograr el tan mencionado pacto eléctrico para el año venidero.
Las circunstancias no pueden ser mejores para alcanzar este objetivo, ya que la reducción notable del costo de la energía en casi un 40% permite un margen lo suficientemente amplio para la sinceración y unificación de tarifas, uno de los puntos más difíciles del pacto.
El otro es el cobro de la energía servida, lo cual más que pacto requiere de una decisión política que conllevaría persecución y sanción, dos elementos muy carentes en esta sociedad sin consecuencias y donde las influencias valen más que la capacidad u honradez.
El tercer tema son las pérdidas, el más fácil de los tres retos principales, puesto que con tecnología e inversión se encuentra la solución.
Aprovechemos las inversiones del sector privado en energías renovables y más amigables para el medio ambiente que han permitido una reducción importante en el costo de la energía para enderezar por una y todas la situación de la electricidad en el país.
