Uno de los mitos más extendidos y perniciosos del constitucionalismo es el que sostiene que los jueces están completamente desvinculados de la política (entendida en sentido amplio) y que se legitiman únicamente por los razonamientos expresados en sus sentencias.
Es pernicioso porque convence a muchos de que los jueces operan en un vacío que los exime de mirar el devenir social y político de la sociedad en la que actúan. Quienes así piensan sostienen que basta con que los jueces motiven bien sus decisiones para que la sociedad esté obligada a obedecerles.
Quizás es así en teoría, pero la realidad es muy distinta. Los tribunales operan en un contexto social que no pueden ignorar, y los buenos jueces lo saben.
Es cierto que su función es tomar decisiones que sigan las reglas jurídicas, aunque no sean populares. Pero las decisiones judiciales no se cumplen solas, ni basta esto para que adquieran la legitimidad social que las hace efectivas en una democracia.
Un tribunal que no cuenta con el voto de confianza de los ciudadanos no logrará que sus decisiones sean aceptadas por la ciudadanía.
De hecho, para cumplir su papel de tomar decisiones correctas sin importar lo populares que sean, requiere necesariamente del beneficio de la duda de los ciudadanos, que deben confiar lo suficiente en el tribunal como para aceptar incluso aquellas que le resulten odiosas.
Cuando surgen fruto de un proceso percibido como viciado, los tribunales se enfrentan, a la corta o a la larga, con la necesidad crítica de apelar a la confianza inexistente de la ciudadanía para lograr que esta acepte sus decisiones. Cuando se siembran vientos se cosechan tempestades.
Es a ese peligro que se enfrentará la próxima Suprema Corte si el Consejo Nacional de la Magistratura no logra rescatar el proceso de selección del apuro en el que lo ha sumido el procurador general de la República.
Incluso si el proceso termina sin que las quejas generadas por su proceder sean atendidas, será esa una calma engañosa.
La desconfianza se habrá instalado en el seno de la sociedad y le pasará factura a la Suprema Corte en el momento en que esta más necesite su apoyo.
No hay que confiar en el espejismo de que todo se olvidará, porque encierra una trampa que no conviene al país ni a la Corte.
