Wilfredo Mora
La palabra corrupción se emplea casi por antonomasia para indicar que la esencia del delito consiste en cualquier abuso que haga un oficial público de la autoridad que le ha sido conferida, con miras a la obtención de cualquier clase de lucro. Es la venta por parte de un oficial público de un acto inherente a sus funciones.
En clave de una “democracia”, el fenómeno es un estado político y social que adopta un país por voluntad de sus habitantes. Pues somos culpables, los políticos corruptos y los que disfrutamos de su corrupción.
La democracia depende de sus instituciones y del grado de su perfección del sistema.
El sistema democrático depende de la conducta y voluntad de los miembros de una sociedad. Las conductas morales y cívicas cierran las puertas a la corrupción y al fraude que repercuten en los ciudadanos más humildes y débiles, pero los nuevos políticos hacen caso omiso, y nos dan lecciones de cómo propiciar la corrupción: la corrupción es el corazón de la criminalidad organizada.
La corrupción local tiene raíces culturales, históricas y educativas (mentiras, ociosidad y delincuencia estructural dentro del Estado) en la crisis generacional de la estructura política.
Los que visten de sacos, son los politiqueros que practican en el nivel bajo la corrupción. El autoritarismo político deja fortunas a los políticos: nadie cree en las declaraciones juradas de bienes de los funcionarios, pero esta forma de corrupción no es la que asocia al crimen organizado.
La corrupción piramidal que bien puede estar en los cuerpos de Policía, al amparo del narcotráfico, en las cárceles desde donde los reclusos coordinan sus negocios con llamadas telefónicas, y, sobre todo, en el lavado de activo, es la criminalidad de los poderosos; y adopta una forma de corrupción caótica.
La corrupción en el sistema penal, ¿quién controla a quién? La primera controla a lo segundo.
El problema mayor es respecto a la valoración que permite considerar que la actuación o intervención del Estado va en camino de legitimar la corrupción. Hasta ahora, el Estado dominicano ha optado por ajustes de corte político, cuando en realidad, el esquema económico a un diseño anticorrupción puede resultar el más conveniente.
Las redes sociales explotan en burlas y sarcasmos de nuestra corrupción. Nos catalogan como muy corruptos, y los nombres involucrados en el momento actual actúan con preeminencia en el gobierno.
La lucha anticorrupción es simple retórica; pero no lo es si desplazamos a los políticos actuales.
