El caso Senasa no es un hecho aislado, sino la reiteración de un patrón histórico que desnuda la persistente debilidad institucional del Estado dominicano.
Ni siquiera los procesos judiciales por corrupción, que hoy mantienen en el banquillo de los acusados a exfuncionarios del pasado gobierno, han sido suficientes para frenar, o al menos infundir temor a la ambición desmedida de quienes continúan incurriendo en prácticas para estafar al Estado. Estamos, sin dudas, ante una señal negativa para la tan cacareada lucha contra la corrupción.
Los servidores públicos que terminan envueltos en este tipo de escándalos parecen convencerse de que son intocables, ya sea por el poder que ostentan en determinado momento o por la protección real o imaginaria que creen tener.
Tras lo ocurrido a partir del año 2020, cuando el presidente Luis Abinader asumió la conducción del Estado, el llamado Ministerio Público “independiente” mantuvo al país en vilo con el apresamiento de altos funcionarios del gobierno de Danilo Medina. Muchos llegamos a creer que los promotores del cambio y paladines de la ética no se acercarían, ni de lejos, a las prácticas que tanto criticaron.
Sin embargo, la realidad ha sido otra: el retrovisor se impuso al parabrisas, y algunos decidieron mirar hacia atrás.
República Dominicana dispone de múltiples mecanismos para vigilar las actividades económicas de la Administración pública: la Contraloría General de la República, la Cámara de Cuentas, la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, la Comisión Nacional de Transparencia y Anticorrupción (CPTA), creada este año por el propio presidente Abinader; la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental; la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa, que, por naturaleza, actúa después de cometido el hecho, además de los controles internos de cada institución.
La actuación de estos organismos debe ser seriamente cuestionada. Resulta inaceptable que continúen “colándose” grandes casos de corrupción, como si ninguna de estas entidades tuviera responsabilidad alguna sobre lo que ocurre con el manejo de los recursos públicos.
La culpa de estas reiteradas barbaries contra el patrimonio público no sólo recae sobre los políticos. También es de empresarios sin escrúpulo, que se prestan a desangrar el erario.
Etiquetas
José Miguel de la Rosa
Egresado de la carrera de Comunicación Social, mención Periodismo, por la Universidad Tecnológica de Santiago (UTESA). Posee diplomados en comunicación política, periodismo de datos, periodismo digital, entre otros. Cuenta con más de 13 años de experiencia en el ejercicio periodístico, co...
