QUITO.- El presidente izquierdista Rafael Correa pidió el sábado el apoyo de los ecuatorianos frente a la huelga opositora del próximo jueves, que fue convocada por sindicatos, grupos de derecha e indígenas que marchan desde el sur del país.
Hay «gente que nos quiere regresar al pasado con sus levantamientos, marchas, paros. Eso no lo va a detener el gobierno, eso lo van a detener ustedes, ciudadanos», dijo Correa durante su programa semanal de radio y TV.
Correa, en el poder desde 2007, agregó que la protesta supone una «gran prueba» para Ecuador ante el llamado de los opositores a paralizar el país en rechazo a las políticas y estilo de gobierno, que tildan de autoritario.
«Es legítimo manifestarse en democracia, pero es ilegítimo manifestarse en función de mentiras y es recontrailegítimo e ilegal parar actividades, atentar contra el derecho de los demás, impedir que la gente se movilice, dañar propiedad pública, cerrar carreteras», sostuvo.
En ese sentido, el jefe de Estado admitió que «eso no lo va a poder evitar el gobierno» e instó a los ecuatorianos a rechazar, «en paz pero con firmeza», las manifestaciones previstas.
Desde hace dos meses, Correa enfrenta un movimiento irregular de protesta contra sus políticas de corte socialista con las que, según él, pretende un país más justo y equitativo mediante la elevación de impuestos a las herencias y a la plusvalía.
Sin embargo, sectores empresariales y de clase alta y media, apoyados por políticos de derecha, consideran que Correa quiere castigar el patrimonio familiar y el éxito económico, y han conseguido convertir la protesta en una critica generalizada al gobierno.
En ese marco, sindicatos y grupos sociales programaron un paro para este jueves al que se plegarán organizaciones indígenas que marchan desde hace una semana desde el sur del país.
Correa, quien reivindica una alta popularidad en amplios sectores, ha relacionado el movimiento de protesta con una conspiración en marcha para sacarlo del poder antes de las elecciones de 2017, cuando el presidente podría aspirar a un nuevo mandato tras la casi segura aprobación de una enmienda constitucional que tramita el Congreso de mayoría oficialista.
Los indígenas que están en camino a Quito exigen justamente el archivo de esa reforma constitucional y de otras iniciativas o leyes sobre el manejo del agua y de la tierra, que en la práctica les quita influencia en la administración de esos recursos en sus territorios.
