Correa asegura que Odebrecht pide “imposibles” para acuerdo con Ecuador

Correa asegura que Odebrecht pide “imposibles” para acuerdo con Ecuador

Correa asegura que Odebrecht pide “imposibles” para acuerdo con Ecuador

Rafael Correa, presidente de Ecuador. Foto de archivo

Quito.– El presidente de Ecuador, Rafael Correa, aseguró hoy que la constructora Odebrecht pide “imposibles” en el acuerdo que busca la Fiscalía del país andino para obtener información sobre el caso de supuestos sobornos de la firma brasileña a funcionarios públicos por contratos en la nación.

“Odebrecht pide imposibles que Brasil sí le otorgó, es una claudicación del Estado brasileño, porque lo que pide Odebrecht es garantía de que no tendrá ningún juicio civil, ninguno penal, que no se va a revisar ningún contrato anterior, que pueda seguir contratando en el país, cosas realmente inadmisibles”, dijo Correa.

En su informe semanal de labores, el gobernante subrayó que, de acuerdo al marco constitucional de Ecuador, son “imposibles” las pretensiones de Odebrecht.

“Odebrecht pide nuevos contratos. Mientras yo sea presidente, esta empresa no vuelve a pisar el país, compañeros, ni un centavo para esta empresa”, recalcó al reconocer que son la Procuraduría o la Fiscalía las llamadas a informar sobre las pretensiones de la firma brasileña.

No obstante, dijo que lo mencionó hoy porque se enteró de que la próxima semana, la oposición, con el fin de dañar la imagen del Gobierno, presuntamente filtrará desde Estados Unidos una supuesta lista de involucrados en aparentes sobornos de la firma brasileña.

“La realidad es que se sigue negociando con Odebrecht para que directamente nos entregue la lista” para verificarla luego pues, ¿por qué se debe creer a “una empresa corrupta y corruptora”?, se preguntó.

Insistió en que Odebrecht está pidiendo “cosas realmente imposibles en el marco constitucional y legal del Ecuador e, incluso, si fueran posibles, serían inmorales porque no se les puede garantizar impunidad”, añadió.

Adelantó que la próxima semana, los máximos representantes de la Fiscalía y la Procuraduría locales viajarán a EE.UU. para “conversar con la empresa, pero sus pretensiones (de la firma brasileña) son inadmisibles”, reiteró.

El gobernante recordó que el Departamento de Estado de EE.UU. ha dicho que no se revelará la lista hasta que acaben las investigaciones, así como que Brasil tiene un acuerdo de confidencialidad con la empresa hasta junio próximo.

El presidente, líder del movimiento Alianza País, cuyo candidato Lenín Moreno, se disputará la jefatura del Estado en los comicios del próximo 2 de abril con el opositor Guillermo Lasso, insistió en que sus adversarios intentarán, en una “campaña sucia”, lanzar la “bomba” de la supuesta lista de quienes fueron sobornados.

También Lasso, del movimiento CREO, ha advertido en su cuenta de Twitter sobre una supuesta campaña sucia en su contra. “Sé de la campaña sucia que planean @MashiRafael @vinizeta @FAlvaradoE para la próxima semana.

Sus propias fuentes me lo han informado”, escribió Lasso sin más detalles. A principios de marzo, la Fiscalía de Ecuador anunció que busca llegar a un acuerdo con Odebrecht para obtener información sobre el caso de presuntos sobornos.

El pasado 24 de febrero, la constructora brasileña, acusada del pago de sobornos para adjudicarse contratos públicos en varios países de América Latina y África, dijo que había avanzado en acuerdos para colaborar con la justicia en algunos de los países en los que es investigada.

En diciembre último, el Departamento de Justicia de Estados Unidos revelo documentos sobre presuntos sobornos efectuados por la constructora brasileña en doce países de América Latina y África.

Los pagos se hicieron en relación con “más de 100 proyectos en 12 países, incluidos Angola, Argentina, Brasil, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Guatemala, México, Mozambique, Panamá, Perú y Venezuela”, según el Tribunal del Distrito Occidental de Nueva York.

Sobre Ecuador aseguró que entre 2007 y 2016 la constructora hizo pagos corruptos por valor de más de 35,5 millones de dólares supuestamente a “funcionarios del Gobierno”, lo que le generó unos beneficios de más de 116 millones de dólares.