Coronel de EU y sobornos a grupo de haitianos

BOSTON.-Fiscales federales de Estados Unidos retiraron la acusación a un coronel del ejército retirado y un empresario al aparecer nueva evidencia días antes de que los juzgaran por segunda vez debido a denuncias de que se asociaron para pagar sobornos millonarios a funcionarios haitianos.

Los fiscales en Boston retiraron la acusación a Joseph Baptiste y Roger “Richard” Boncy el lunes por la noche, después que el FBI entregó mensajes hasta ahora desconocidos entre agentes sobre llamadas en 2015 entre Boncy y un agente encubierto que respaldan las declaraciones de inocencia de los acusados.

Baptiste, residente en Fulton, Maryland, y Boncy, un empresario que vivía en España, fueron hallados culpables por un jurado en 2019 de ofrecer sobornos a agentes federales encubiertos que se hacían pasar por posibles inversionistas en un proyecto para construir un puerto en la zona de Mole-Saint-Nicolas, Haití, a un costo de 84 millones de dólares.

Los fiscales dijeron que Baptiste, un dentista militar durante 23 años, y Boncy dijeron a los agentes que enviarían los pagos a los funcionarios haitianos a través de una ONG controlada por Baptiste que supuestamente ayudaba a haitianos pobres.

Los fiscales decían que el 5% de los costos del proyecto sería para sobornar a los funcionarios haitianos.
Un juez ordenó en marzo que se realizara un nuevo juicio debido a los “errores, omisiones y falta general de diligencia” del abogado defensor de Baptiste.

Daniel Marx, el abogado de Baptiste, dijo que su cliente “jamás pagó un centavo de sobornos” ni aceptó hacerlo.

Migrantes
Autoridades y rescatistas encontraron a un nuevo grupo entre 200 y 250 haitianos varados en los cayos de la central provincia cubana de Villa Clara; ya habían recibido ayuda humanitaria y serán ubicados temporalmente en un centro de acogida.

La vigilancia costera

— Haitianos
La Guardia Costera de Estados Unidos estimó en unos 6.000 los haitianos interceptados en lo que va del año fiscal de dicha nación que se extiende desde el 1 de octubre. Hay 34.600 de estos nacionales procesados y viven en México.