SANTO DOMINGO.- Por la falta de un abogado, la jueza de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional Kenya Romero aplazó para el martes el conocimiento de la solicitud de medida de coerción a los imputados en el caso Coral 5G, acusados de sustraer recursos del Estado para su beneficio.
Se trata de Valentín Medrano, abogado de Kelman Santana Martínez. La magistrada adoptó su decisión porque el imputado se encontraba indefenso, y de conocerse el proceso se les estaría violando sus derechos.
El Ministerio Público solicitará 18 meses de prisión y que se declare complejo el caso Coral 5G, encabezado con el general Torres Robiou, y que este se unifique con el expediente Coral capitaneado por el jefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial (CUSEP) Adán Cáceres Silvestre.
El órgano acusador ha dicho que posee más de 700 pruebas para sustentar el expediente en el imputa al agrupo de asociación de malhechores, falsificación de declaración jurada, prevaricación, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, lavado de activos provenientes de actos de corrupción y porte y tenencia ilegal de armas de fuego.
El Ministerio Público no descarta la implicación de otras personas en el caso.
Los militares en el caso de lavado de activos Coral 5G movían grandes cantidades de dinero en sacos para ser depositados en entidades bancarias y realizaron negocios con personas involucradas con el acusado de narcotráfico Micky López.
Así consta en la solicitud de medida de coerción en la que se establece que el implicado en la red Erasmo Roger Pérez Núñez, junto a otras personas, compró un terreno por RD$14.4 millones por orden de Cáceres.
Ese dinero fue llevado en un saco y depositado en una entidad bancaria ubicada en la avenida Imbert de La Vega.
En el documento se establece que Pérez Núñez compró a una persona un terreno ubicado en La Vega por un valor de 45,000 pesos la tarea y tenía 320 tareas, pero al hacer la transacción acordó con el vendedor pagarle una deuda que tenía con la finca con el acusado de narcotráfico Miky López, amigo del implicado en el caso, de acuerdo a la declaración de José María Abreu Molina y su esposa, Gisela Hernández de Abreu, contenida en el expediente.
El exjefe del Cuerpo de Seguridad Presidencial, general Adán Cáceres, utilizó a Pérez Núñez, a los hermanos Juan José Abreu Molina, José María Abreu Molina y Beri Rafael Abreu Cáceres para cerrar esa compra.
En la instancia del Ministerio Público se señala que el imputado Pérez Núñez compró otro terreno de 83 tareas, a 65 mil pesos la tarea, por un monto de RD$5.4 millones, que pagó en efectivo y lo llevó en un saco.
“…Ellos (los imputados) nos esperaron en el Banco de Reservas de la avenida Imbert, nosotros llegamos, Gisela, mi hijo y yo, y estaba Erasmo Roger con un militar con arma larga y tres carros de Policía en el frente, y un saco lleno de dinero en sus pies al lado, entonces él entró con su abogado, llegó el abogado de Miky López; nos sentamos dentro del banco, donde comenzaron los trámites, eso parece que fue planificado con el gerente del banco, pues nunca nos preguntaron de dónde sacamos, a pesar de que era mucha cantidad, luego nos dijeron que firmáramos y que esa finca era de ellos”. “… A nosotros él mismo nos decía que era del general Cáceres, pero que estaban a nombre de él”, refiriéndose a Cáceres.
“No lo llegamos a ver, pero pasaba el helicóptero con él y aterrizaba en el mismo terreno, además, la gente lo veía”, se indica.
Según el documento, Pérez Núñez hacía presión y amenazaba para ejecutar las compras de los terrenos, ya que movía su influencia que tenía del Banco Agrícola para que cobrara una deuda que poseía el que era propietario del terreno.
Pérez Núñez, junto a su cónyuge Blenis Asunción Carrasco Méndez, crea al inicio del año 2021 la empresa Agropecuaria Pérez Carrasco SRL para esconder la adquisición de propiedades adquiridas.
