David Álvarez Martín
Luego del pasado artículo de Bitácora para Lúcidos, donde agradecí la generosidad de José Monegro de El Día, y de Fausto Rosario Adames de Acento, por brindarme cada uno independientemente espacio en sus medios para publicar mis ideas e investigaciones, y luego de 23 años como columnista de la prensa nacional, he recibido en esta semana muchos comentarios elogiosos de lectores de ambos medios por lo que ellos entienden que son aportes de mis escritos. Igual que recibo gratitud, la brindo con justicia. A los dos gracias.
Justo ese viernes 16 de febrero, cuando salió la pasada Bitácora para Lúcidos, participé en un panel de académicos durante el Seminario Internacional Reforma y Modernización de la Administración Pública de la República Dominicana. El tiempo que me tocó fue breve y sólo esbocé dos cuestiones que me parecen relevantes. Uno es la relación entre el servicio público y el trabajo en el sector privado, y otro el estudio de la capacidad del Estado dominicano de controlar y servir a todos los habitantes del país. Comencemos con el segundo, luego trataré el primero.
Uno de los rasgos del Estado-Nación moderno es su capacidad para controlar su territorio y su población. En torno a esa característica muchos definen al Estado como la instancia que tiene el monopolio de la fuerza en una sociedad, centrándose en la legitimidad de sus órganos de represión interna y capacidad de defensa frente al exterior. Esto es herencia de las formas despóticas de gobierno de las monarquías absolutistas en Europa, y en América Latina de las dictaduras que hemos padecido y que ejercían modelos autoritarios, e incluso criminales, para sostenerse en el gobierno.
Un gobierno democrático y en el contexto de un Estado de Derecho, debe asumir como tarea esencial el control del territorio y el ordenamiento de las actividades de todos los habitantes en dicho territorio siguiendo la legislación vigente. Eso se expresa en control migratorio, aduanización de mercancías, seguridad en las vías terrestres, protección forestal y cuidado de las vías fluviales, preservación de la fauna y flora de la costa, recogida y manejo de desechos, entre otras muchas.
El Estado debe garantizar el ordenamiento de todas las actividades públicas y los bienes comunes y privados de todos los que viven bajo su dirección, es su primer servicio y la garantía de lo que llamamos soberanía. Cuando determinados territorios o sectores sociales son abandonados por el Estado en su control y ordenamiento, no podemos hablar propiamente de soberanía plena. En nuestro caso está la zona fronteriza y muchos barrios populares, donde incluso la presencia de agentes gubernamentales en lugar de ordenar y garantizar seguridad, se convierten en protagonistas de acciones delictivas o abusos de poder.
El otro aspecto, no separado del primero, son los servicios que el Estado asume en la Constitución. Educación, salud, protección ciudadana, documentación, oportunidades para el ocio, garantías para actividades productivas y laborales, acceso a la justicia, y por supuesto condiciones para el ejercicio de los derechos de la democracia, entre otros servicios esenciales para el desarrollo de los individuos y las comunidades. Con la tecnología actual se puede hacer más con menos esfuerzo, pero siempre centrados en las necesidades de los usuarios. El gasto en algunos servicios, como el 4% para educación, debe evaluarse, la tendencia al derroche y la malversación es mayor mientras más cantidad se maneja por mayor cantidad de actores.
Si nos fijamos en la nómina estatal hay suficientes hombres y mujeres contratados para triplicar el control y servicio, el problema es que muchos están en lugares donde no se necesitan. Un buen ejemplo es la policía, con suficientes miembros, pero una gran cantidad llevando carritos de supermercado. Un primer problema es ubicar personal donde se necesita, luego evaluar si hacen falta más o sobran algunos.
