Santo Domingo. – Desde Senadores y diputados, hasta alcaldes, ministros, regidores y vocales, han sido suspendidos del Registro de Proveedores del Estado de manera preventiva, para evitar conflictos de interés e irregularidades administrativas en los procesos de contratación.
Así lo reveló este miércoles, el titular de la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), Carlos Pimentel, quien señaló que, por primera vez en su historia, la institución ha suspendido a unos 300 funcionarios del registro de proveedores por encontrarse en el régimen de incompatibilidad, no como sanción, sino porque por ley no pueden suscribir contratos con el Gobierno por ocupar cargos públicos.
En ese sentido, señaló que la Ley 47-25 de Contrataciones Pública fortalece los mecanismos para evitar maniobras fraudulentas destinadas a obtener contratos con el Estado a través de terceros. “Esto tiene pena privativa de libertad”, enfatizó.
Asimismo, destacó que desde la creación de la institución en 2006 nunca se había remitido un caso ante la Procuraduría General de la República (PGR), rompiendo con la inacción de gestiones anteriores que alegaban falta de competencias para someter expedientes en el órgano persecutor.
“Un ciudadano que tiene conocimiento de un hecho ilícito, debe llevarlo a la autoridad competente. Si es un ciudadano que además tiene una función pública, que en el ejercicio de sus funciones tiene conocimiento de una ilegalidad que escapa a su competencia, está en el deber de llevarlo”, expresó Pimentel durante una entrevista en el programa Uno más Uno transmitido por Teleantillas.
Vigilancia permanente y prevención
Pimentel informó que el año pasado se gestionaron aproximadamente 65,000 procesos de contratación, lo que equivale a unos 300 diarios.
Por tal motivo, indicó que han implementado un sistema de monitoreo regular y permanente orientado a las observaciones de buenas prácticas y las normas obligatorias. No respetar su cumplimiento puede desencadenar la suspensión preventiva del proceso hasta que se realicen las correcciones necesarias.
Aunque reveló que los casos enviados al Ministerio Público representan un porcentaje mínimo (0.0001%) del total de contrataciones, el funcionario enfatizó que el interés primordial es garantizar que el Estado adquiera bienes y servicios de manera correcta y eficiente.
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