El mismo día que en la Argentina fue condenada Cristina Fernández a seis años de cárcel por “administración fraudulenta de fondos públicos” en la construcción de obras públicas y asociación ilícita para delinquir, en Santo Domingo encuentran más escollos los procesos judiciales contra imputados por corrupción del gobierno anterior.

La variación de la coerción de detención a procesados, para que sean juzgados en libertad con presunción de inocencia, que podría merecer aplausos, sin embargo, es recibida con escepticismo por un público cada vez más hastiado del circo, del lawfare y de la aparente torpeza de fiscales que por equis o zeta motivos van ralentizando la anhelada Justicia.

Si Fernández, expresidente y actualmente vicepresidente argentina, puede condenarse sin tantos contratiempos (su juicio comenzó en 2019), ¿hasta cuándo habrá que esperar para que los múltiples casos con nombres estrambóticos retomen su cauce y se proceda a juzgar y condenar o exculpar a las decenas de inculpados, algunos detenidos ilegalmente? El adecentamiento de la política y la función pública, apoyado por la mayoría, no debe descarrilarse.