Las críticas han provenido desde diferentes estratos de la sociedad; y no es para menos, debido a que resulta inadmisible el desproporcionado gasto de más de RD$10 mil millones que procura utilizar la Junta Central Electoral (JCE) en el montaje de las elecciones municipales, congresuales y presidenciales del año 2020.

Calificativos como escandaloso, insostenible y excesivo han salido a relucir respecto a esa respetable suma que habrá de asumir el Estado en esos comicios, en un país en el que aún están pendientes serios desafíos para afrontar exitosamente la reducción de la pobreza y de la desigualdad social. Esto provoca, indudablemente, un contraste difícil de explicar de manera razonada.

Esto gasto resulta incompresible, aun recociendo que en el último lustro se ha avanzado en materia de reducción de la pobreza.

Una combinación de estabilidad macroeconómica y una adecuada inversión social, han conllevado una reducción constante de la pobreza que coloca a la República Dominicana en una posición ventajosa frente al promedio de América Latina.

Las estadísticas oficiales muestran que entre los años 2012 y 2018, la tasa de pobreza ha pasado del 40% a un 22.7%; mientras que la extrema ha caído del 9.9% a 2.9%.

Lo anterior no justifica, sin embargo, que nuestro país tenga uno de los votos electorales más caros de la región, bajo el alegato de que el precio la democracia siempre será elevado.

Y esto es falso de toda falsedad. Un auténtico sistema democrático se nutre de valores esenciales como la libertad, la participación y la honestidad, jamás los recursos económicos.

En procura de alcanzar la reducción del excesivo gasto, existen algunas cuestiones que deben ser resueltas, entre ellas volver a unificar las elecciones municipales, congresuales y presidenciales y la eliminación del financiamiento público a los partidos políticos.

Este año preelectoral, los partidos políticos recibirán una partida del Estado de RD$1,506 millones, casi el doble de lo asignado en igual periodo para la contienda de 2016. En 2015, se hizo una erogación de RD$805 millones, cifra que fue incrementada a RD$1,610 millones en 2016, motivado a que hubo elecciones.

En 1997, la Ley 275-97 estableció por primera vez el financiamiento público directo a los partidos políticos en República Dominicana.

En su forma original, el criterio de asignación fue altamente proporcional a la fuerza electoral y, por consiguiente, muy favorable a los partidos grandes.

En 2005, las modificaciones introducidas mediante la Ley 289-05, establecieron un criterio de asignación más igualitario, pero que discrimina de los recursos a los partidos que no obtienen al menos 5% de los votos válidos.

De manera particular, la legislación del 1997 estableció lo siguiente: “Se consignará en el Presupuesto General de la Nación y Ley de Gastos Públicos un fondo equivalente a1 medio por ciento (1/2%) de los ingresos nacionales en los años de elecciones generales y un cuarto por ciento (1/4%) en los años que no haya elecciones generales”.

Naturalmente, en financiamiento público y el encarecimiento de la actividad política no es nuevo, ni constituye una exclusividad de nuestro país, sino que se ha venido verificando en la casi totalidad de las democracias latinoamericanas.

En el caso dominicano, lo que si queda claro es que hay que bajar el gasto público destinados a financiar los procesos electorales, en vista de que, de continuar, se profundizará el contraste con los significativos niveles de pobreza que persisten en la sociedad.
Y en definitiva, hay que crear conciencia de que la democracia no se sustenta en recursos económicos, sino en valores esenciales que tiendan a orientar hacia el bienestar colectivo.