Manuel Salazar, secretario general del PCT.
Sin reparo alguno comprometo lo poco o lo mucho que con mi militancia de izquierda he construido en mi vida, para declarar que el gobierno comete un atropello político contra el amigo Jesús – Chu- Vásquez, cuando a través del Procurador de la República lo acusa de estar involucrado en lo que se ha denominado el Caso Odebrecht.
Soy amigo de Chu Vásquez y su familia desde hace más de 30 años, y tengo propiedad para afirmar que se puede diferir de él en el plano de las ideas políticas; pero que involucrarlo en acciones dolosas como las de marras, o de caracteristicas parecidas, constituye una agresión a la decencia humana, a una honra labrada con trabajo y a una militancia que se ha caracterizado por la transparencia de sus hechos frente a la sociedad.
Chu Vásquez ha sido imputado en la trama Odebrecht, con el propósito de invalidarle políticamente, reducir las posibilidades de una oposición efectiva al gobierno por parte del Partido Revolucionario Moderno, PRM; toda vez que él es una de las voluntades más determinadas, y autorizadas, en ese partido, para cumplir ese papel.
Esta es la cuestión. Es política. No hay bases jurídicas que con seriedad puedan sustentar la acusación que se le hace.
Un congreso de abogados especialistas en la materia, la mayoría de todos sin vínculos políticos con Chu Vásquez, reunido el pasado domingo 5 de agosto en un hotel de la ciudad capital, puso en evidencia que en el propósito de atropellarlo políticamente, el Procurador de la República ha armado un mamotreto de expediente acusatorio ante la Suprema Corte de Justicia, que violenta las más elementales normas del derecho y de la Constitución.
Se involucra a Chu, que nunca fue señalado en las declaraciones presentadas por las autoridades de Brasil.
Se acusa a Chu, pero nunca fue señalado como imputado en el proceso preparatorio, aunque este se hizo durante largos meses.
Se acusa a Chu, pero sin entregar a la sociedad las pruebas que justifican la acusación, con lo que se impide que sus abogados puedan hacer la defensa adecuada.
Y como estas, destacan decenas de violaciones a los que los abogados llaman el debido proceso de ley.
Es un abuso de poder, que recuerda a los viejos tiempos en que se fabricaban expedientes falsos contra opositores políticos, para anularlos de múltiples maneras.
Este atentado a las libertades públicas y los derechos democráticos, debe ser rechazado con determinación política, porque si se impusiera esa especie de Sicariato, estaríamos ante un cepo político de hierro, más fuerte que el que ya se ha instalado en el país mediante el control absoluto de todas las instituciones e instancias del Estado por parte del PLD – Gobierno.
