Lima.- El Congreso peruano anunció que el jueves 21 de diciembre decidirá si destituye al presidente Pedro Pablo Kuczynski por «permanente incapacidad moral», tras iniciar un proceso de remoción contra el mandatario en medio de la mayor crisis política local desde que empezó el siglo XXI.
Con los votos de 93 de los 130 legisladores del Parlamento unicameral, dominado por el partido opositor Fuerza Popular, se admitió el viernes un procedimiento de destitución contra Kuczynski porque recibió cientos de miles de dólares de la firma brasileña Odebrecht por una asesoría financiera hace una década.
El pedido de remoción afirma que Kuczynski, de 79 años, le mintió al Parlamento por negar haber recibido las remuneraciones de Odebrecht.
El mandatario afirmó que no renunciará y dijo que no desempeñó ningún papel en la administración de su empresa Westfield Capital cuando ésta recibió casi 800.000 dólares de consorcios liderados por Odebrecht.
Por ese entonces Kuczynski era ministro de Economía y luego fungió como primer ministro del presidente Alejandro Toledo (2001-2006).
Luis Galarreta, el presidente del Parlamento, dijo durante la sesión que el presidente podrá acudir el jueves a defender su permanencia o enviar a un abogado que lo represente para ejercer «su derecho a la defensa» durante un período de 60 minutos, de acuerdo a la ley.
Abraham García Chavarri, profesor de derecho constitucional de la Pontificia Universidad Católica de Perú, dijo que la «incapacidad moral es una figura muy amplia en las leyes de Perú, no está desarrollada y es considerada como cualquier conducta que el Congreso estime reprochable de manera ética».
Explicó que Alberto Fujimori, padre de la candidata presidencial Keiko Fujimori, fue el último presidente cesado por el Parlamento peruano por «incapacidad moral» en el año 2000 luego de que intentó renunciar desde Tokio tras salir del país agobiado por los escándalos de corrupción de su gobierno (1990-2000).
Fujimori cumple una condena de 25 años de cárcel por corrupción y asesinato. Otros dos presidentes más — José de la Riva Agüero durante el siglo XIX y Guillermo Billinghurst, a principios del siglo XX— también fueron echados del puesto por «incapacidad moral».
Al momento los cuatro partidos opositores suman alrededor de 95 votos, con lo cual el destino del mandatario podría estar definido el próximo jueves, ya que se necesitan solo 87 para cesarlo.
En caso de vacante presidencial asumirá el poder el primer vicepresidente Martín Vizcarra, actual embajador en Canadá.
Los ejemplos más recientes en Sudamérica de destitución presidencial son el del paraguayo Fernando Lugo en 2012 y el de la brasileña Dilma Rousseff en 2016.
«El Perú es más grande que sus problemas. Nuestro compromiso es con la gobernabilidad, respetando la constitución y las instituciones democráticas, sin importar los colores políticos», escribió Vizcarra en su cuenta de Twitter.
Kuczynski anunció el jueves que no renunciará al cargo y dijo que no desempeñó ningún papel en la administración de Westfield Capital cuando ésta recibió los pagos de consorcios liderados por Odebrecht.
El mandatario «ha certificado lo que todos conocemos: que su empresa ha hecho negocios —él siendo funcionario— con la empresa Odebrecht y ese dinero ha parado en sus bolsillos», comentó el legislador Héctor Becerril, de Fuerza Popular.
Keiko Fujimori, quien perdió las elecciones presidenciales contra Kuczynski en 2016, no se ha pronunciado. Mardonio Mucha, un agricultor que votó por Kuczynski, dijo por teléfono a The Associated Press sentirse «decepcionado porque le entregamos las riendas y resulta que también es otro corrupto».
En tanto Jorge Flores Gallegos, un abogado limeño que sufragó por Fujimori, comentó que «el presidente de lujo salió caro. Un tecnócrata no necesariamente es una persona preparada para la política y Kuczynski resultó con reflejos muy lentos».
El mandatario le pidió a la fiscalía que le levante el secreto bancario para comprobar sus afirmaciones, pero no explicó una larga serie de preguntas sobre por qué permitió que ingresara dinero a su empresa que estaba supuestamente destinado a su socio, el chileno Gerardo Sepúlveda.
El mandatario admitió que realizó un informe de asesoría financiera para Odebrecht en 2012, cuando ya no era funcionario público y lo que según la ley no es delito, después de haberlo negado varias veces.
«Soy un hombre honesto… no voy a abdicar ni a mi honor ni a mis responsabilidades», dijo Kuczynski. La fiscalía citó para el 21 de diciembre al mandatario para interrogarlo por su presunta vinculación con Odebrecht, un día antes de que Kuczynski reciba en la casa de gobierno a una comisión parlamentaria que investiga la corrupción de la constructora brasileña.
Al igual que en varios países de Latinoamérica, el caso Odebrecht ha provocado una profunda crisis política y ha salpicado a todos los presidentes que gobernaron Perú desde el año 2000. Odebrecht admitió haber pagado millonarios sobornos a funcionarios peruanos para adjudicarse obras públicas a las que luego aumentaba el costo.
Los dueños de las tres principales empresas constructoras peruanas están presos de forma preventiva por colusión y lavado de activos.
El expresidente Toledo tiene una orden de captura internacional, su sucesor Alan García (2006-2011) está bajo investigación por presuntos sobornos, y Ollanta Humala (2011-2016) se encuentra en prisión preventiva. También están siendo investigados la exalcaldesa de Lima y Keiko Fujimori.
