Roberto Marcallé Abreu
MANAGUA, Nicaragua. Leer, escuchar o revisar con detenimiento informaciones provenientes de República Dominicana, escuchar y ver los programas de comentarios que se transmiten a través de los canales adscritos a las plataformas digitales, acceder a los resúmenes de portadas o contenidos condensados de los seis o siete principales periódicos nacionales, obliga a cualquier ciudadano preocupado por el presente y el futuro de su Patria a sentirse con frecuencia estimulado o, en su lugar, sobrecogido por un estado de desasosiego generalizado.
Bueno es afirmar que en el país existen amplios segmentos de coexistencia ciudadana donde aún se respira un ambiente de tranquilidad y de seguridad, aunque lo es también que el delito y el crimen han logrado espacios significativos y lo imperativo, lo que demanda la generalidad del pueblo dominicano, es proceder sin contemplaciones contra aquellos que procuran robarle la paz y el sosiego a la generalidad de las personas.
En ese orden y sin que cuenten ni importen aquellas entidades e individuos cuya labor parece congraciarse con el delito, estimularlo y defender lo indefendible, las autoridades están en el deber de enfrentar con mano dura todas las manifestaciones de la degradación social y el desasosiego que se han extendido en la sociedad dominicana a algunos niveles y que representan una peligrosa amenaza tanto para la permanencia de la institucionalidad como para las personas honorables y laboriosas que son la abrumadora mayoría.
El peor de los ejemplos, como es lo usual entre nosotros, se ha originado en el ámbito político y del poder económico. Quien analiza la historia nacional desde el 1961 tras el derrumbe de la tiranía trujillista, encontrará las huellas de sectores que conspiraron de manera expresa contra cualquier esquema de organización social que procurara concretar un programa encaminado a hacer al pueblo dueño y guía insustituible de su propio destino.
En uno de mis libros, “La manipulación de los espejos”, producto de una meditación de muchos años, me esforcé por analizar en toda su trascendencia el proceder de grupos y sectores que se han constituido en un verdadero obstáculo al progreso y el avance verdadero de los dominicanos.
El propósito de esta gente ha sido el de degradar a ese pueblo, corromperlo, estigmatizarlo, hacerlo copartícipe de sus fechorías y depredaciones, predicar sutilmente que el trabajo, el respeto, la decencia, no cuentan ni importan.
Que lo definitivamente práctico es aprovechar la oportunidad para enriquecerse o para «disfrutar de la vida mientras dure» sin que cuenten la decencia, el respeto, la familia, la patria, el honor, los principios.
Por proceder en contra de la depredación, del robo descarado, del uso y abuso de los recursos del Estado, se derrocó el gobierno del profesor Juan Bosch, quien fue sustituido por personajes al servicio de la depredación, el crimen y el enriquecimiento ilícito.
La culminación de ese horrendo episodio fue el de un pueblo levantado en armas, una sofocante y repudiable invasión extranjera y una incontable cantidad de gente asesinada, desaparecida o arrojada como bestias a prisiones tan degradantes como inhumanas.
El ejercicio posterior fue frustrado cuando los partidos que enarbolaban la bandera de la esperanza y el cambio sufrieron una profunda metamorfosis, se olvidaron de sus luchas, de su pueblo y sus más sentidas reivindicaciones, para transformarse en depredadores de oficio, en los nuevos señores de horca y cuchillo. Se apandillaron, entonces, con los poderes tradicionales a fin de proseguir la indigna tarea de degradar al pueblo y las instituciones en todos los sentidos posibles.
Los negocios a costa de las propiedades del Estado, el enriquecimiento hasta límites inconcebibles, la ostentación, los acuerdos con delincuentes convictos y confesos, el apadrinamiento del narcotráfico, el pandillerismo y el poder foráneo, sustituyeron el mensaje reivindicador del que tantas galas hicieron muchos hipócritas y mentirosos consumados.
El paréntesis ha sido el gobierno del presidente Abinader, que ha promovido un ministerio público independiente y que ha cancelado de sus cargos a todo aquel que sea sorprendido en actividades ilícitas en contra del Estado y del pueblo. Pero esto es apenas un comienzo, los primeros pasos de un muy largo camino.
