Genaro García Luna, el exjefe de Seguridad Pública de México, fue condenado este miércoles a 38 años y 8 meses de prisión en EE.UU. por sus vínculos con el narcotráfico.
En una audiencia en el tribunal del Distrito Este de Nueva York, el juez Brian Cogan emitió la pena que pone fin a un proceso iniciado en 2019 contra el exfuncionario, que causó gran escándalo en México.
Y es que García Luna, hoy de 56 años, fue durante la década de los 2000 una pieza clave en las estrategias de seguridad de México en la lucha contra la criminalidad.
Como secretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón (2006-2012), fue uno de los máximos responsables de la estrategia contra el narcotráfico, en un periodo conocido como de la «guerra contra el narco» que dejó más de 250.000 muertos en seis años.
Luego de más de seis años alejado de la función pública, fue detenido en 2019 en EE.UU., donde residía, y acusado de cinco cargos relacionados con el tráfico de drogas.
Tras ser llevado a un juicio que duró cinco semanas, fue declarado culpable de todos los cargos en enero de 2023.
Además de la condena a pasar por lo menos 460 meses en la cárcel, el juez Cogan también emitió una multa de US$2 millones contra el exfuncionario «por ayudar durante una década al cartel de Sinaloa a cambio de millones de dólares en sobornos».
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¿De qué fue acusado?
El juicio a García Luna fue precedido por otro en el mismo tribunal, ante el mismo juez Cogan, contra Joaquín «el Chapo» Guzmán, exlíder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en 2019.
De ese proceso salieron algunos de los testimonios que vincularon a García Luna con las actividades de ese cartel cuando era secretario de Seguridad Pública.
Un exmiembro del cartel de Sinaloa declaró que se había encargado de entregar maletas a García Luna con al menos US$6 millones en efectivo en 2005, 2006 y 2007.
Los fiscales alegaron que aceptó el dinero para facilitar la entrada de toneladas de cocaína que el cartel de Guzmán introdujo en EE.UU. entre 2001 y 2012.
Según la Fiscalía, García Luna acordó no interferir en los envíos de droga, revelar información a los traficantes sobre operaciones de control, eliminar a miembros de carteles rivales y colocar a otros funcionarios corruptos en posiciones de poder.
Según la acusación, García Luna se convirtió en miembro de la organización desde enero 2001.
En total, enfrentaba cinco cargos: tres por conspiración de narcotráfico, uno por pertenencia continuada a organización criminal y otro por emitir declaraciones falsas a las autoridades estadounidenses cuando solicitó la ciudadanía de ese país en 2018.
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García Luna tuvo un rápido ascenso en los organismos de seguridad pública e inteligencia de México.
Ingeniero de formación, García Luna fue reclutado en 1989 como investigador del desaparecido Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), el área de Inteligencia de la Secretaría de Gobernación mexicana.
En sus primeros años en el Cisen se encargó de monitorear la actividad de los grupos guerrilleros activos en México, especializándose posteriormente en el combate a bandas de secuestradores.
Sus conocidos de la época cuentan que García Luna logró el rescate de varios personajes importantes, sobre todo empresarios que años después lo ayudaron en su carrera en el gobierno.
Del Cisen pasó a la Policía Federal Preventiva y de allí a la Agencia Federal de Investigación, dos corporaciones que desaparecieron cuando García Luna se encargó de la Secretaría de Seguridad Pública a partir de 2006.
Fue desde ese puesto que García Luna impulsó la «guerra contra el narco» que incluía la participación del ejército y que, según algunas estimaciones, dejó más de 250.000 muertos en México.
Al término de la administración de Calderón en 2012, García Luna se mudó al estado de Florida, en EE.UU. Allí residió hasta su detención en Texas en diciembre de 2019.
