Moise defiende que su mandato dura un año más, hasta el 7 de febrero de 2022. AP/archivo.
Puerto Príncipe.- La comunidad internacional apoyó hoy la legitimidad del Gobierno haitiano e hizo un llamado al diálogo tras las movilizaciones de los últimos días en las que un sector de la oposición exige la renuncia del presidente Jovenel Moise.
Tras la multitudinaria protesta del domingo pasado en contra de la corrupción que dejó varios muertos, las actividades en la capital haitiana y otras ciudades del país quedaron prácticamente paralizadas desde el lunes y hasta la mañana de hoy.
Pero a partir del mediodía, los bancos en la capital haitiana abrieron sus puertas y comenzó a funcionar el transporte público, mientras que los colegios permanecieron cerrados y muchos negocios también.
En un comunicado, el “Core Group”, integrado por el representante especial del secretario general de la ONU, los embajadores de Alemania, Brasil, Canadá, España, EE.UU., Francia, la Unión Europea y el representante especial de la OEA, declaró que “los actos de violencia que buscan provocar la renuncia de autoridades legítimas no tienen lugar en el proceso democrático».
También elogia el compromiso del Ejecutivo de continuar el diálogo y llama a una concertación “entre todos los actores de la vida nacional para salir de la crisis que atraviesa el país y satisfacer las expectativas de la población».
En otro comunicado, la Embajada de EE.UU. en Haití señaló que “reconocen la legitimidad democrática del Gobierno de Haití y sus instituciones y autoridades elegidas” y alentó a un “diálogo constructivo para abordar áreas de desacuerdo y encontrar soluciones duraderas sin violencia».
En un mensaje a la nación, Moise, que había guardado silencio desde el domingo hasta ayer, reiteró anoche su llamamiento al diálogo y dijo que durante su mandato “nadie va a poner en peligro los intereses del país».
“El camino del diálogo es lo que puede lograr la paz y el desarrollo”, añadió Moise, del Partido Haitiano Tet Kale (PHTK) y que asumió la presidencia de Haití en febrero de 2017.
Este nuevo llamado al diálogo fue rechazado anoche por un sector de la oposición que pide la renuncia de Moise y que ha convocado a una protesta para mañana, viernes, en la capital.
Uno de los líderes de la oposición, el abogado André Michel dijo anoche en declaraciones a la prensa que Moise “no tiene no legitimidad ni poder, él sigue aquí porque la burguesía haitiana lo sigue apoyando».
La crisis económica que vive Haití, sumada a la inseguridad y al escándalo de corrupción de Petrocaribe ha generado en una parte importante de la población desconfianza en la capacidad del actual Gobierno para mejorar la situación.
El miedo ante los hechos de violencia que se han registrado en varias partes del país en los últimos días y las bandas armadas que operan en varias zonas de la capital , han motivado que muchas personas hayan optado por permanecer estos últimos días en sus casas.
En declaraciones a Efe, Eunide Paul, que tiene un puesto de comidas, dijo que decidió abrir hoy a mediodía “después de que las cosas han mejorado” pero lamentó que ha “perdido cuatro días y ahora a ver qué es lo que va a pasar».
“La crisis es política pero también económica. Si no hay grandes cambios, los próximos días serán peores”, señaló. En los últimos meses, Haití, donde más de la mitad de los 10 millones de habitantes sobrevive con menos de 2 dólares diarios, ha sido escenario de movilizaciones y protestas que se iniciaron en julio por un aumento en los precios de los combustibles, que el Gobierno dejó sin efecto poco después.
Desde agosto pasado se han multiplicado las protestas para exigir al Gobierno que aclare el manejo supuestamente fraudulento que se hizo de los fondos de Petrocaribe, programa por el cual Venezuela suministra petróleo al país en condiciones blandas, y se enjuicie a los responsables.
En la última del pasado domingo murieron tres personas, según la Policía, aunque los organizadores afirman que se registraron al menos 11 muertos.
El Parlamento haitiano publicó en 2017 un informe en el que involucra a exfuncionarios del partido actualmente en el poder en presuntas irregularidades en el uso de los fondos de Petrocaribe, pero hasta ahora nadie ha sido procesado por este caso, en el que se desviaron más de 2.000 millones de dólares, según una investigación del Senado.
