Periodista Luis García
El próximo domingo, justo a una semana, el pueblo dominicano acudirá a las urnas, dentro y fuera del territorio nacional, con el mandato constitucional de elegir a sus autoridades para el período 2024-2028.
La aspiración general de la población radica en que ese día crucial del proceso electoral todo ocurra en plena normalidad en el marco de la celebración de unas elecciones presidenciales y congresuales íntegras y de cuyos resultados no surjan dudas.
Resulta obvio que ninguna de las fuerzas políticas en competencia querrá perder las elecciones, pero, también, deben ser conscientes de que a los certámenes electorales se acude a ganar o perder en sociedades democráticas, bajo la creencia de que las diferentes opciones habilitadas compiten en condiciones y reglas igualitarias.
Existe un ambiente tenso. Eso no se puede negar. Los partidos políticos que conforman la denominada Alianza Opositora RD, el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Fuerza del Pueblo (FP) y Revolucionario Dominicano (PRD), acusan a los oficialistas, el gobierno y el Partido Revolucionario Moderno (PRM), de violar las garantías legales en su provecho con la finalidad de mantenerse en el poder más allá del 16 de agosto de este año. Mientras que, en medio de esta situación, se ha visto a las autoridades electorales empeñadas en la celebración de unas elecciones libres, transparentes y democráticas.
La campaña electoral ha sido ejemplarizadora, sin sobresaltos ni enfrentamientos violentos entre militantes de las principales agrupaciones políticas, como solía suceder en otras épocas. Esta es una buena señal de que la sociedad dominicana puede confiar en la diafanidad de las diferentes etapas del proceso que culminará con la entrega de los certificados a las candidatas y candidatos ganadores de los diferentes puestos de elección popular.
La Constitución de la República confiere la facultad a la Junta Central Electoral (JCE), en los artículos 211 y 212, de organizar, dirigir y supervisar las elecciones, garantizando la libertad, transparencia, equidad y la objetividad de las mismas. De manera particular, en el párrafo IV, del artículo 212, establece: “La Junta Central Electoral velará porque los procesos electorales se realicen con sujeción a los principios de libertad y equidad en el desarrollo de las campañas y transparencia en la utilización del financiamiento”.
Existe el imperativo de garantizar el ejercicio de los derechos fundamentales de elegir y ser elegible y la realización de todos los actos lícitos para solventar las referidas prerrogativas, dentro de un Estado Social Democrático de Derechos. De hecho, los partidos políticos son los más llamados a entender el momento de prueba en que vive la democracia.
Todos los actores del Sistema Electoral Dominicano, no sólo la JCE, están en el deber moral de garantizar el proceso electoral. Esto incluye al gobierno, a los partidos, agrupaciones y movimientos políticos, a los observadores nacionales e internacionales, los medios de comunicación, así como otros estamentos que inciden en la vida nacional.
Una efectiva democracia electoral entraña desafíos que demandan ser gestionados con inteligencia. Hablamos de democracia electoral cuando el régimen en el que la lucha en procura del poder público se dirime entre opciones plurales reales, en colegios sin exclusiones y a través de procesos competitivos, regulados y dirigidos por una autoridad de garantizada neutralidad.
Naturalmente, el significado de la democracia electoral debe ser comprendido y asumido a plenitud, también, por los ciudadanos, quienes deben ejercer el sufragio de manera consciente.
El compromiso es con la celebración de unas elecciones presidenciales y congresuales íntegras, tal y como aspira el pueblo dominicano.
¡El desafío está en curso!
