Altagracia Suriel
La protección social de los grupos sociales que están en mayor desventaja social es una obligación ética y moral del Estado.
Por justicia, solidaridad y cohesión social se otorga una protección especial a familias en situación de pobreza, a discapacitados, a mujeres, a envejecientes, a migrantes, y niños que en caso de no ser protegidos estarían en una situación de vulnerabilidad extrema.
En República Dominicana, la protección social se realiza a través de una Red de Protección Social encabezada por el programa Progresando con Solidaridad que promueve el desarrollo integral de familias en extrema pobreza a través de acompañamiento socio familiar, transferencias monetarias condicionadas y vinculación a servicios del Estado y la sociedad civil a través de la alianza público privada. Progresando con Solidaridad genera capital humano, capital social y propicia desarrollo económico en los sectores más desfavorecidos.
El programa incluye visitas domiciliarias de orientación y sensibilización para generar cambios de comportamientos, actitudes y prácticas que inciden en convertir a los más pobres en protagonistas de su desarrollo a partir del cumplimiento de compromisos y corresponsabilidades con su salud, educación, formación humana, formación técnico profesional, seguridad alimentaria y generación de ingresos, mejora de habitabilidad y protección del medio ambiente.
Al otorgar transferencias condicionadas y subsidios, los programas como Progresando con Solidaridad en América Latina, frecuentemente han sido cuestionados por algunos sectores sociales, incluyendo los empresarios, y por parte de la población de la clase media que percibe que sus impuestos van a dádivas inútiles.
Problematizar la protección social como derecho, justicia y deber estatal implica desmontar el mito de que los programas de transferencias monetarias condicionadas son paternalistas, clientelistas y asistencialistas.
Dar apoyo a los más pobres es inversión social, no gasto. Invertir en los más pobres, además de ser un derecho, es una acción necesaria para generar un capital humano con posibilidades de aportar al desarrollo del país.
Aportar recursos para la alimentación a los más pobres, los hace menos proclives a todo tipo de riesgos sociales.
Es una asistencia alimentaria mínima que cuesta poco al Estado, pero que redunda en grandes beneficios para la cohesión, la ética y los valores sociales.
