Imagen de la Calle Fortaleza en San Juan, Puerto Rico.
Puerto Rico.-A sus 6 años, Helga Serrano dejó su casa de madera, sin cocina ni refrigerador, para mudarse a una de las primeras urbanizaciones construidas en San Juan.
La década del 50 apenas comenzaba y Puerto Rico experimentaba un despunte económico proyectado por algunos medios de la época como un milagro económico.
En aquel momento, la periodista de 77 años vivía «con lo mínimo» en un pueblo rural del sureste del territorio, justo al lado de un río. Su familia cocinaba en un fogón de carbón. Bajo el mismo techo dormían sus padres, abuelos y hermana.
Con la mudanza, buscaban las nuevas oportunidades que brindaba la capital.
«Mi historia y la de mi hermana es la historia de Puerto Rico, de la gente que salió de la pobreza, de la poca educación y lograron formarse en la universidad», le contó a BBC Mundo en una llamada telefónica.
Serrano pasó a un nuevo espacio que, aunque también humilde, representaba una «transformación» a la par con el resto de la isla.
«Mami tomó un curso de maquinista y trabajó como oficinista en el ejército, y papi como policía en San Juan. Fueron a vivir a la primera urbanización, Puerto Nuevo. Era como de unas 4.000 casas, diminutas, de cemento una al lado de la otra. Baratas. Ahí se mudó tanta gente, hasta los primos de mami con sus familias», agregó.
Su historia, como ella misma dijo, se repite en miles de puertorriqueños, quienes a partir de mitad de siglo XX experimentaron una mejoría en sus condiciones de vida.
Contrario a lo que sucede en la actualidad, cuando Puerto Rico sufre una recesión económica tras una batalla legal de casi cinco años que concluyó con la luz verde de la justicia para la restructuración de una inmensa deuda pública ($US73.000 millones), en aquel momento estaba en pleno desarrollo.
La industrialización
El proceso de industrialización de Puerto Rico, que impactó a personas como Serrano, quien tras enfrentar la pobreza logró ingresar a la universidad y alcanzó un mejor estándar de vida, comenzó en la década de 1940.
Rexford Tugwell, un gobernador nombrado por el presidente Franklin D. Roosevelt, impulsó la creación de empresas locales, subsidiadas por el estado.
En cuestión de pocos años, en el territorio se erigieron fábricas de vidrio, cartón, cemento y otros productos, que comenzaron a desplazar la economía agrícola.
No obstante, a partir de la Guerra Fría este enfoque quedó atrás, y el gobierno comenzó una estrategia de «inversión por invitación».
El nuevo modelo económico consistía en conceder incentivos contributivos a empresas estadounidenses y extranjeras.
«Buscaron sustituir ese modelo de desarrollo e industrialización por parte del estado y la estrategia de sustitución de importaciones por una de apertura de capital, apertura de capital foráneo», explicó el economista y abogado puertorriqueño Heriberto Martínez.
Fue entonces cuando la mayoría de las fábricas públicas fueron vendidas y llegaron compañías foráneas en busca de mano de obra barata y exenciones contributivas.
En principio se trató de empresas textiles y de otros trabajos pesados como procesamiento de comida, más adelante farmacéuticas.
«Se crearon empleos directos, empleo industrial, se desarrolló una clase media y se sacó a mucha gente de la pobreza», comentó.
«También se establecieron objetivos sociales para mejorar la educación, la salud, la vivienda y, además, objetivos económicos para mejorar la infraestructura de carreteras, puentes, puertos, energía eléctrica, agua potable y comunicación», relató, por su parte, la economista Martha Quiñones, profesora de la Universidad de Puerto Rico.
En este período (finales de 1940 y principios de 1950), creció la integración de las mujeres en la fuerza laboral y los hogares tuvieron dos ingresos, agregó Serrano.
«Recuerdo a las primeras mujeres que vi trabajando. Era una operación tabaquera, hacían cigarros. La esposa de mi tío trabajaba en una fábrica como despalilladora, eran salones grandes con mujeres preparando cigarros para la venta», contó.
Los números
Por las próximas décadas, los indicadores económicos respaldaron las reformas establecidas por el gobierno. De 1950 a 1980 el PNB per cápita en la isla creció de US$342 a US$3.479, solo superado por Venezuela (US$3.630), una nación rica en petróleo.
Para 1980, precisamente, las imágenes de años anteriores parecían un pasado distante.
Las hileras de casas en madera sin servicios básicos que ocupaban tanto los pueblos del interior montañoso como las zonas urbanas costeras fueron reemplazadas por extensas urbanizaciones de cemento.
Nuevas carreteras suplantaron los caminos de tierra y los autos a los caballos y las mulas.
Los obreros dejaron el sol abrasador de los cañaverales por las oficinas y las líneas de ensamblaje. Aprendieron a leer, enviaron a los hijos a la universidad y abandonaron los mercados por los centros comerciales.
La pobreza se redujo de un 62,8% en 1970 a un 44,6% en el 2000, de acuerdo con una presentación del Centro para la Nueva Economía de Puerto Rico.
Puerto Rico tuvo un crecimiento económico de un 6% anual entre 1948 y 1974, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).
Estos cambios, incluso, fueron reseñados por la revista Time en 1958. En su portada, la publicación afirmaba que la isla se había convertido en un «Laboratorio de Democracia», tras años de ser considerada -como afirman algunos libros de historia- «la casa de la pobreza en el Caribe».
Puerto Rico, de acuerdo con Time, era un «mensaje de esperanza» para las naciones «subdesarrolladas».
El problema
No obstante, Puerto Rico se vio en problemas a finales de la década de 1960. Durante este tiempo apostó por mover su economía al sector petroquímico, con la idea de elaborar refinados de este producto y exportarlos a Estados Unidos.
Pero el sector cayó ante la crisis internacional del petróleo, que ocurrió en 1973 luego de que la OPEP decidió elevar los precios del combustible, en el contexto de la Guerra de Yom Kipur. Una situación que impactó la economía mundial.
La respuesta de Estados Unidos a esta crisis fue aprobar en 1976 nuevas exenciones contributivas, con la intención de atraer más empresas farmacéuticas y de alta tecnología.
La legislación permitía que las compañías estadounidenses en Puerto Rico depositaran sus ganancias en la banca del territorio para luego enviarlas a sus matrices libres de impuestos, explicó la economista Quiñones.
Sin embargo, en 1996 el gobierno estadounidense decidió retirar los beneficios contributivos. Para el 2006, cuando culminó el período de transición otorgado por el Congreso, la inversión de las compañías foráneas se redujo de manera considerable.
De 1997 a 2012 la isla perdió cerca de 80.000 empleos solo en el sector de la manufactura.
Y Puerto Rico, durante sus tiempos de bonanza, luego de aquellas empresas locales estatales que había establecido, no realizó grandes esfuerzos para fomentar la producción local. «Nos concentramos en crear los cerebros para trabajar para el foráneo», sostuvo el economista Martínez.
«Puerto Rico fue el arquetipo de lo que luego fue en América Latina la industrialización a base de maquiladora, la industria de ensamblaje», dijo el sociólogo Emilio Pantojas. «Pero era un país urbano de industrialización dependiente», opinó.
La deuda
Ante la salida de estas empresas, el territorio comenzó a tomar prestado para sostener el gasto social y su aparato gubernamental.
Mientras la economía se contraía, la deuda crecía de forma exponencial.
Para el 2006, la deuda de Puerto Rico suponía unos US$48.000, frente a un PNB de US$68.000 millones, lo que representaba un 60%, señaló Martínez. Unos 10 años más tarde, la deuda había aumentado en 103%.
Ahora la isla estaba muy lejos de ser un ejemplo a seguir. El índice de pobreza se estancó en un 45%, el desempleo aumentó y hubo una emigración masiva de boricuas a Estados Unidos.
Mientras, algunos políticos locales afirmaban que la deuda se podía pagar, pese a las advertencias de los expertos. Los periódicos del territorio publicaban una y otra vez en portada cómo las casas acreditadoras de Wall Street degradaban sus bonos.
En el 2015, el exgobernador Alejandro García Padilla aceptó el augurio: «La deuda es impagable… no existe otra opción. Este no es un asunto de política, sino de matemáticas».
Un año más tarde, Estados Unidos aprobó una legislación que permitió a Puerto Rico reestructurar su deuda en los tribunales, pero que a la misma vez le impuso una Junta de Supervisión Fiscal.
El organismo, compuesto por siete personas nombradas por el presidente y el Congreso, es el responsable de representar a los boricuas en la corte desde el 2017, cuando comenzó el proceso de reestructuración.
Además, tiene el poder de aprobar su presupuesto, por encima del gobierno local.
La «Junta», como es llamada en Puerto Rico, impulsó desde su llegada medidas de austeridad con la justificación de que eran necesarias para poder cumplir con los acreedores.
Entre las políticas que mayor oposición enfrentaron estuvo un recorte de casi la mitad del presupuesto de la Universidad de Puerto Rico y la intención de recortar las pensiones públicas.
La reestructuración
Este martes un tribunal de quiebras de Estados Unidos aprobó un plan para reestructurar la deuda del gobierno central de Puerto Rico.
El llamado Plan de Ajuste de la deuda, que estuvo en manos de la jueza Laura Taylor Swain, del Distrito Sur de Nueva York, incorpora acuerdos entre una serie de acreedores, reduciendo US$33.000 millones en deuda de bonos a US$ 7.000 millones. Los pagos anuales de la deuda quedarían reducidos en un 80%.
«Nunca hubo una reestructuración pública como esta en todos los Estados Unidos o en el mundo», comentó David Skeel, presidente de la Junta al periódico The Washington Post.
El proceso estuvo marcado por intensos encontronazos entre los políticos del territorio, la Junta y los acreedores, quienes de parte y parte se demandaron en múltiples ocasiones ante varios desacuerdos.
La quiebra costó más de US$1.000 millones, pagados por los contribuyentes.
En esos años, además, Puerto Rico vivió dos huracanes de intensidad mayor y un terremoto. También la renuncia de un gobernador.
«Estamos ante un momento trascendental en el que el gobierno de Puerto Rico se encamina a terminar con el proceso de quiebra y así concentrarse en lograr regresar al progreso que nuestra gente espera y se merece», escribió en Twitter el gobernador actual, Pedro Pierluisi, una vez fue anunciado el plan de reestructuración.
El acuerdo firmado por Swain no contempla la propuesta de un recorte a las pensiones de los retirados, aunque sí detiene los programas de beneficios definidos que cubren a maestros y jueces.
El plan de ajuste de la deuda entraría en vigor el 15 de marzo, pero antes podría ser retado en los tribunales.
De acuerdo con la jueza, Puerto Rico tiene los recursos económicos para cumplir con el pago de la deuda hasta el 2034. Durante los próximos años, deberá continuar con la implementación de «reformas estructurales» para no caer nuevamente en bancarrota.
