Como la verdolaga: Recursos de inconstitucionalidad y proyectos para modificar Código Penal siguen en aumento
- CMD se reúne con comisión salud Senado/ legisladores se fragmentan entre extender vacation legis o no
Santo Domingo, RD. – No se sabe cómo terminará el asunto, pero el Código Penal sigue siendo blanco de ataques y cuestionamientos lo que, en apariencia, compromete su entrada en vigencia el 3 de agosto próximo como fue programado.
Solo en la Cámara de Diputados reposan al menos cinco propuestas de modificación de la Ley 74-25 mientras que el Tribunal Constitucional tiene al menos cinco recursos apelando inconstitucionalidad, aunque algunos hablan de hasta quince.
Entre las propuestas de modificación en la Cámara de Diputados figura uno que plantea cambios específicos al artículo 112; una propuesta para modificar los artículos 121, 122, 123, 208, 209, 210, 309, 310 y 311; otra que procura fortalecer la persecución del reclutamiento de menores para actividades criminales mediante ajustes al Código Penal y al Código para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes; además de una quinta iniciativa que también propone reformas a la legislación penal.
Las propuestas evidencian que el consenso alcanzado para aprobar el Código no eliminó las diferencias sobre su contenido.
Diversos sectores entienden que todavía existen disposiciones susceptibles de corrección y procuran que esas modificaciones sean aprobadas antes o poco después de que la legislación entre en vigor en agosto de este año, cuando concluya la vacatio legis de doce meses establecida tras su promulgación el 3 de agosto de 2025.
A ese escenario legislativo se suman los recursos de inconstitucionalidad depositados ante el Tribunal Constitucional.
Hasta el momento, distintos accionantes han impugnado al menos cinco artículos de la nueva legislación penal, alegando incompatibilidades con la Constitución y posibles afectaciones a derechos fundamentales.
El pedido del Colegio Médico
Uno de los sectores que mantiene una ofensiva jurídica es el Colegio Médico Dominicano (CMD), que interpuso una acción directa de inconstitucionalidad contra los artículos 8, 9, 12 y 354 de la ley.
Su presidente, Luis Peña, sostiene que esas disposiciones vulneran principios constitucionales, entre ellos los contenidos en los artículos 39, 61, 62 y 69 de la Carta Magna, y advirtió que podrían provocar un cambio en la práctica médica, pasando de una medicina centrada en el paciente a una denominada “medicina defensiva”, en la que el temor a sanciones penales influya en las decisiones clínicas.
El dirigente gremial aclaró que el objetivo del Colegio Médico no es proteger privilegios de los profesionales de la salud, sino evitar consecuencias negativas para la atención de los pacientes.
Indicó que el gremio continuará dialogando con senadores y diputados para procurar modificaciones a las disposiciones cuestionadas, aunque dejó en manos del Congreso la decisión de extender o no el período previo a la entrada en vigencia del Código.
En términos similares se expresó el expresidente del CMD, Senén Caba, quien cuestionó que el nuevo régimen penal contemple un amplio número de disposiciones dirigidas a la práctica médica.
A su juicio, el Código proyecta al médico como un potencial delincuente y no como un profesional que desarrolla una actividad de interés público. Caba defendió que la legislación sea revisada antes de comenzar a aplicarse y respaldó la necesidad de introducir correcciones a los artículos objetados.
Extender Vacation Legis
El debate también ha reactivado la discusión sobre la posibilidad de extender la vacatio legis.
Diversos sectores han planteado que el plazo de doce meses resulte insuficiente para corregir las disposiciones que consideran problemáticas.
Sin embargo, esa posibilidad también ha generado reparos entre especialistas del derecho, quienes advierten sobre las implicaciones jurídicas que tendría aplazar nuevamente la entrada en vigor del Código Penal luego de haberse dispuesto la derogación expresa de la normativa anterior.
FINJUS mantiene postura
La postura de la Fundación Institucionalidad y Justicia (FINJUS) se ha convertido en uno de los principales puntos de referencia dentro de esa discusión.
Aunque recientemente la entidad ha favorecido extender el período previo a la entrada en vigencia para permitir ajustes adicionales, esa posición guarda coherencia con lo expresado desde principios de este año, cuando valoró positivamente la aprobación del nuevo Código Penal, pero advirtió que el tiempo de vacatio legis debía aprovecharse para corregir ambigüedades, evitar posibles regresiones en materia de derechos fundamentales y asegurar la armonía de la ley con la Constitución y los estándares internacionales.
El contexto contrasta con el amplio respaldo político que recibió la iniciativa durante su paso por el Congreso Nacional.
En la Cámara de Diputados, el proyecto fue aprobado en segunda discusión con 159 votos a favor y apenas cuatro en contra, con la asistencia de 163 legisladores en su última votación, convirtiéndose en una de las votaciones más contundentes registradas sobre una legislación de alto impacto.
En el Senado también predominó un respaldo ampliamente mayoritario durante las distintas fases de conocimiento del proyecto, permitiendo que la pieza concluyera su trámite legislativo con el apoyo de la mayoría de ambas cámaras, pese a las intensas controversias que durante años provocaron temas como el aborto, la libertad de expresión, las nuevas tipificaciones penales y las responsabilidades de distintos sectores profesionales.
No perderemos nada
El diputado Charles Mariotti jr expresó hoy que una Ley que trata sobre derechos fundamentales no debe ser aplicada a la ligera y que si se tardó 20 años en su aprobación igual puede esperarse seis meses para corregir otros puntos.
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