¿Cómo la facturación electrónica reduce la informalidad?

Santo Domingo.- El director general de Impuestos Internos, Luis Valdez, informó que en los últimos dos años esa entidad incorporó más de 3,000 contribuyentes que operaban de forma informal, gracias a cruces de información con terceros y con su sistema de cómputo.

Señaló que eso es parte del impacto de la factura electrónica en el combate a la informalidad.
Destacó que el sistema constituye una herramienta clave para reducir la informalidad.
Explicó que, si una empresa intenta venderle a otra sin estar formalizada, no podrá hacerlo a través del esquema electrónico, lo que obliga a incorporarse al sistema tributario.

Además, informó que avanza un proyecto de censo o actualización del Registro Nacional de Contribuyentes para identificar y formalizar más negocios.

El piloto de este censo se realizó en Las Terrenas a inicios de año, y anunció que los próximos pasos serán informados antes de que finalice el año, para iniciar la implementación en el Gran Santo Domingo a principios de 2026.

El funcionario recordó que, aunque se habla con frecuencia de altos niveles de informalidad, los datos deben sustentarse en estudios actualizados. Citó un análisis reciente del Fondo Monetario Internacional que actualizó los datos y mostró una reducción de 41 % a 36 % en 2023 en el área de ITEBIS. Además, la DGII trabaja en un nuevo estudio sobre la informalidad en el impuesto sobre la renta.

El funcionario dio esos detalles durante una conferencia sobre facturación electrónica con servidores públicos de varias instituciones del Estado, como parte de los esfuerzos del Gobierno para que todas sus dependencias se acojan a esta modalidad de facturación, conforme a lo establecido en la Ley núm. 32-23. Explicó que, a la fecha, las empresas con facturación electrónica han emitido más de mil millones de comprobantes fiscales electrónicos.

Apuntó que están en el proceso de implementación gradual de la facturación electrónica, establecido en la Ley 32-23, que fija tres plazos de adopción: los grandes contribuyentes nacionales, con fecha límite en mayo de 2024; los grandes contribuyentes locales, cuyo plazo era mayo de 2025 y fue extendido hasta noviembre; y, por último, medianos, pequeños y micro, que deberán incorporarse antes de mayo de 2026.

Dijo que en ese último grupo se incluyen las instituciones del Estado, las cuales también deben sumarse al sistema.
“La Dirección General de Compras y Contrataciones y la DGII emitieron hace unos meses una circular conjunta reiterando la obligatoriedad de que todas las entidades públicas estén integradas a la facturación electrónica para poder pagar a sus proveedores. En este proceso participan más de 100 instituciones gubernamentales”, dijo.

Destacó que la facturación electrónica representa un modelo de “ganar-ganar” tanto para el contribuyente como para la administración tributaria, al facilitar la eliminación de procesos en papel, transmitir la información en línea y permitir la determinación inmediata de los impuestos.
Agregó que también reduce tiempo, costos y espacio a los contribuyentes, ya que toda la documentación se recibe en formato XML al instante del servicio.

Al ser preguntado si la facturación electrónica llegará a los comercios asiáticos, el funcionario dijo que la DGII persigue a todo el que evade, sin importar su nacionalidad.
En ese sentido, explicó que cada trimestre se desarrolla un proceso de fiscalización que incluye notificaciones y medidas correctivas como multas o cierres temporales de negocios. “Este año se realizaron varios operativos que derivaron en el cierre de siete establecimientos, los cuales ya fueron reabiertos tras ponerse al día, pagar las sanciones e instalar sus impresoras fiscales”, subrayó.

Sobre los ingresos provenientes de las fiscalizaciones, aclaró que ni estos procesos ni la facturación electrónica deben verse como mecanismos recaudatorios.
Recordó que este tipo de acciones aporta apenas entre un 3 % y un 5 % de la recaudación general, y que su función principal es mantener el control y el riesgo tributario, garantizando que los contribuyentes sepan que la administración les da seguimiento.