Antes de ser condenado a 25 años de cárcel, el expresidente Alberto Fujimori había sido sentenciado por soborno y abuso de poder.
Una en 1991, en el vecindario de Barrios Altos, en Lima, y la otra en la Universidad de la Cantuta, también en la capital, en 1992, que resultaron en la muerte de 25 personas. También se le condenó por su participación en los secuestros del periodista Gustavo Gorriti y del empresario Samuel Dyer, ambos en 1992.
Su sentencia se dictó el 7 de abril de 2009. Era la primera vez que un exmandatario constitucional de América Latina era juzgado y sentenciado en su propio país por crímenes de lesa humanidad.
Fujimori alcanzó a cumplir la mitad de su condena, antes de recibir un polémico indulto el domingo del presidente Pedro Pablo Kuczynski.
Los crímenes de los que se le acusaron sucedieron en el marco del conflicto interno de Perú en el que el gobierno realizó una campaña contra el insurgente grupo armado Sendero Luminoso.
Fujimori pidió perdón este martes por actos cometidos durante su gobierno: estos fueron los incidentes que se consideraron en su condena.
Masacre de Barrios Altos
El 13 de noviembre de 1991, seis hombres enmascarados irrumpieron en una fiesta en un pequeño apartamento del distrito Barrios Altos, una zona de clase baja, aledaña al Palacio Presidencial.
Los hombres eran miembros del escuadrón de la muerte que llegó a conocerse como el Grupo Colina.
Según el testimonio de uno de los integrantes, el objetivo era capturar a sospechosos de Sendero Luminoso pero, a medida que se acercaba la hora del operativo, se dio cuenta de que el propósito era matarlos.
Los enmascarados dispararon contra los asistentes, matando a 15 personas —incluyendo un niño de 8 años— e hiriendo gravemente a cuatro.
Pero la masacre de Barrios Altos fue un error. Mala información de inteligencia hizo que el escuadrón confundiera la fiesta con una reunión secreta del grupo insurgente y matara a civiles inocentes.
El mismo testigo describió cómo él y sus compañeros del escuadrón bebieron cerveza y brindaron en la playa horas después de la matanza.
Masacre de La Cantuta
En la madrugada del 18 de julio de 1992, miembros del Servicio de Inteligencia Nacional (SIN) y de la Dirección Nacional contra el Terrorismo (DINCOTE), la mayoría miembros del Grupo Colina, forzaron su entrada en las residencias estudiantiles de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, conocida como La Cantuta.
El operativo era en respuesta a la explosión en el barrio de Miraflores, reivindicada dos días antes por Sendero Luminoso, uno de los ataques más mortales de una campaña de atentados con bomba de la organización insurgente, que dejó 25 muertos y más de 200 heridos.
En La Cantuta, las tropas ordenaron a los estudiantes abandonar sus habitaciones y los colocaron bocabajo en el piso. Nueve individuos fueron separados del grupo y llevados a la fuerza.
Entretanto, un grupo de soldados irrumpió en la residencia del profesor Hugo Muñoz Sánchez. Tras el registro de la propiedad, también se lo llevaron.
Según la Fiscalía que investigó el caso, los nueve estudiantes y el profesor fueron desaparecidos forzosamente y asesinados.
El Grupo Colina había quemado los cadáveres, por lo cual se había hecho difícil su identificación. En 1995, Fujimori declaró una amnistía que cobijó a los miembros del escuadrón.
Secuestro del periodista Gustavo Gorriti
Gustavo Gorriti es un periodista que se destacó en los 80 reportando sobre el conflicto entre el gobierno y Sendero Luminoso, reconocido por su conocimiento de dicha organización.
También fue un crítico del gobierno fujimorista.
En 1992, publicó una serie de artículos en la revista Caretas donde vinculó al gobierno con organizaciones narcotraficantes, implicando en particular a Vladimiro Montesinos, el «hombre fuerte» de Fujimori y director del Servicio de Inteligencia del Ejército entre 1990 y 2000.
En reacción a los artículos, el 6 de abril, una unidad del ejército peruano lo arrestó en su casa y lo llevó a los sótanos del Servicio de Inteligencia.
El secuestro sucedió durante el llamado «fujimorazo» o autogolpe, una crisis constitucional en la que Fujimori disolvió el Congreso y detuvo a varias figuras de la oposición.
La esposa de Gorriti alertó a la prensa y a gobiernos extranjeros, incluyendo Estados Unidos. La presión internacional causó que el periodista fuera trasladado a un lugar de detención oficial y dos días después de su secuestro fue puesto en libertad.
Gorriti vivió en el exilio durante los 90, primero en EE.UU. y luego en Panamá.
Secuestro del empresario Samuel Dyer
El 27 de julio de 1992, Dyer se encontraba en el Aeropuerto Internacional de Lima, dispuesto a viajar a Estados Unidos.
Sin orden judicial, fue impedido de abordar un avión por personal del SIN y llevado a las oficinas de migración donde le informaron que tenía una orden de captura.
De ahí fue trasladado violentamente a los calabozos del Servicio de Inteligencia del Ejército (SIE), donde permaneció privado de libertad y fue interrogado sobre su presunta colaboración con Sendero Luminoso.
El empresario fue sometido a una investigación de cuatro días, sin justificación ni pruebas, hasta que no tuvieron forma de encontrar «vínculos terroristas».
La SIE lo sacó subrepticiamente de su sede y lo dejó en una calle y lo «hizo huir». Dyer se refugió temporalmente en la embajada de México, en Lima, y poco después salió a EE.UU. con su familia.
Varios militares recibieron duras condenas por su participación en estos delitos, incluyendo Julio Salazar Monroe, exjefe del SIN, y Juan Rivero, exjefe del SIE.
Fujimori fue encontrado culpable de ordenar las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta, así como de avalar los secuestros de Gorriti y Dyer.
